A partir de este caso iniciado por el CELS, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una resolución histórica el 3 de mayo de 2005, en la que estableció estándares mínimos sobre condiciones de detención y prisión preventiva y obligó a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a los tribunales inferiores bonaerenses a revisar, conforme a estos parámetros, todas las medidas de privación de la libertad que hubieran dispuesto.

Esta acción iniciada por el CELS en 1998 logró incorporar al Código Nacional Electoral el derecho al sufragio de las personas privadas de su libertad sin condena firme. La reforma se logró a partir de un fallo de la CSJN que exhortó al Poder Ejecutivo a generar las condiciones adecuadas y reglamentar el voto de los presos sin sentencia firme.

En este proceso, el CELS se presentó como amicus curiae con argumentos de derecho internacional de los derechos humanos relativos a las condiciones de detención de las personas que viven con VIH y a la forma restrictiva en que debe aplicarse la prisión preventiva.