a muerte del ex presidente de facto durante la última dictadura militar argentina, Jorge Rafael Videla, se produce en medio del histórico proceso de rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado reciente por el que atraviesan diversos países de América Latina.

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, CELS, Cepoc, CIAJ, el diputado Marcelo Saín y defensores judiciales entregaron una carta al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Gabriel Mariotto y al senador Jorge D’Onofrio, en la que analizan los proyectos presentados por el Ejecutivo provincial sobre excarcelaciones y régimen de armas.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín aceptó el pedido realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de recusación de los jueces Alejandro Moramarco Terrarosa, Oscar Correa y Silvio Chagaya, integrantes del Tribunal Oral Criminal 1, a cargo del juicio por la masacre del barrio La Carcova.

Las organizaciones firmantes, integrantes de la Red por la Plena Implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (ley n°26.657), repudian la represión de la Policía Metropolitana sobre personas usuarias y trabajadores del Hospital Borda que resistían a la demolición del Taller Protegido N° 19. La brutal irrupción de la fuerza de seguridad porteña generó más de 40 heridos de gravedad y al menos siete personas detenidas, incrementando así la violencia ejercida en una institución donde históricamente se ha segregado a personas con padecimientos mentales bajo el pretexto de brindarles un tratamiento adecuado.

El Juzgado de Instrucción y Correccional n° 2 de Clorinda, a cargo del juez Santos Gabriel Garzón, procesó la semana pasada al qarashe de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh – La Primavera, Félix Díaz, por usurpación de territorios que pertenecen a la misma comunidad. Con esta decisión, la justicia provincial insiste en direccionar la persecución penal sobre el líder de la comunidad en lugar de priorizar la implementación del derecho a la propiedad comunitaria de la tierra.

Los hechos del 20 de octubre de 2010 que culminaron con el asesinato del joven militante del Partido Obrero y tres heridos de gravedad, pusieron en evidencia un entramado de relaciones entre sectores del sindicalismo, del poder político y judicial, de las fuerzas de seguridad y grupos de particulares con poder de fuego. A su vez, sirvieron para poner en cuestión aspectos centrales de la institucionalidad democrática: la actuación de los agentes policiales frente a la protesta social, el modelo sindical y el rol del Estado en las problemáticas laborales. Presentamos un informe sobre el caso, publicado en el diario Página 12 el viernes 19 de abril de 2013, día de lectura del veredicto.