Este blog informa sobre las causas por delitos de lesa humanidad cometidos por fuerzas militares, de seguridad y civiles durante la última dictadura militar en todo el país. La selección de causas que presentamos remite a aquellas en las que el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) es parte.

Según la información con la que cuenta el CELS, en el país tenemos registradas un total de 235 causas abiertas, de las cuales 150 se encuentran en movimiento. De acuerdo con nuestros registros, 1088 personas están involucradas en procesos penales vinculados con el terrorismo de Estado, pero hasta el momento, sólo 28 han sido condenadas. El número total de personas procesadas es de 403. De ellas, 336 están detenidas con carácter preventivo. El resto de los procesados, un total de 67, se encuentran en libertad y 48 implicados están siendo indagados actualmente.

Por otro lado, se evidencia que en 82 casos, compuestos por aquellos que han sido sobreseídos o en favor de los cuales se dictó la falta de mérito, la justicia argentina ha decidido que no existía prueba lo suficientemente significativa como para acusarlos, por lo cual cesaron o al menos se interrumpieron las investigaciones. Luego debemos considerar que 170 represores han fallecido hasta la fecha, y estos, junto con la cantidad de incapaces -10-, representan todo un universo de culpables que han muerto o lo harán pronto, en el marco de una total impunidad. Por último es necesario tener en cuenta el número de prófugos, 48, que es el más estable de todos los valores que manejamos en la base de datos. Esto comprueba que las investigaciones que se llevan a cabo no son suficientes, y que el Estado Argentino no puede encontrarlos.

En el blog podrá leerse tanto información básica y documental respecto de los casos que lleguen a juicio, como la cobertura de las audiencias en aquellos en los que se esté realizando el debate

El día 18 de diciembre de 2007 se conoció la sentencia de esta causa, en la cual se condenó a penas de entre 20 y 25 años de prisión a altos jefes militares, responsables de la desaparición de una veintena de militantes de la organización Montoneros, que reingresaron al país desde el exilio para llevar a cabo la denominada "contraofensiva" en 1980. Los miembros de ese grupo cuyo caso fue parte del debate son: Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky. Los cinco primeros continúan desaparecidos.

La investigación se dirigió principalmente a determinar la actuación de los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas en el secuestro y posterior desaparición de estas personas, en especial el rol del Batallón de Inteligencia 601.

Fue en el marco de esta causa que el juez federal Claudio Bonadio declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida y transformó en prisión preventiva la detención de varios ex militares y ex integrantes de fuerzas de seguridad.

La megacausa conocida bajo el nombre de "ESMA" (nº 14.217/03) corresponde a los hechos cometidos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada.

Como involucra a más de 5000 víctimas y más de 120 represores, requeriría ser juzgada en un único juicio, pues la ESMA es uno de los centros clandestinos en los que se evidencia con mayor claridad el plan de exterminio y la perversidad con la que actuaron los responsables. No obstante, a marzo de 2008, sólo se han elevado a juicio dos partes del extenso expediente y ambas fueron radicadas en el Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces Guillermo Andrés Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado.

En esta causa, el CELS es querellante y patrocina a las familias de Mónica Mignone, María Marta Vasquez Ocampo, Edith, Abraham, Betina y Sergio Tarnopolsky, Fernando Brodsky, Pablo Lepíscopo, Alcira Hidalgo, Ariel Ferrari, María Mercedes Bogliolo, Gustavo Alberto Grigera, Ernesto Berner y a las sobrevivientes Marta Alvarez y Graciela García.

La megacausa conocida bajo el nombre de "Primer Cuerpo" (Nº 14.216/03) corresponde a los crímenes cometidos en más de 60 centros clandestinos de detención en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército que abarca la Capital Federal y provincias de La Pampa y de Buenos Aires, a excepción del circuito de la policía bonaerense.

La instrucción de esta causa está a cargo del juez Daniel Rafecas, y ya han sido elevados a juicio algunos casos. A principios de agosto comenzará el juicio contra los represores Héctor Gamen, Pedro Alberto Duran Saenz, Alberto Pedro Barda, Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Comes por algunos hechos. También se elevaron a juicio aquellos casos por los que se responsabiliza a Jorge Olivera Róvere quien se desempeñó como Segundo Comandante del Primer Cuerpo del Ejército y, como consecuencia de ello, como Jefe de la Subzona Capital Federal, desde el 6 de febrero de 1976 hasta el 30 de diciembre del mismo año. Por último, en octubre y diciembre de 2007 se elevaron a juicio dos partes más del expediente: la que corresponde al juzgamiento de la responsabilidad de los llamados Jefes de Area, los coroneles (r) Humberto José Lobaiza y Bernardo José Menéndez, el general de brigada (r) Teófilo Saa y el teniente coronel (r) Felipe Alespeiti; y la que investiga hechos cometidos en La Pampa.

Se trata de una megacausa con más de 80 imputados, entre los cuales 45 se encuentran procesados, casi el 50% de ellos excarcelados, mientras que 4 se encuentran prófugos de la justicia y más de 20 han fallecido antes de ser juzgados. Un alto porcentaje de los procesados con prisión preventiva - el 70% - se encuentra detenido en cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

El CELS, que actúa como querellante en la causa, también patrocina a las familias de Alejandra y Carmen Lapacó, Graciela Mellibovsky, Alicia Raquel D'Ambra, Lucía Cullen, Roberto Cristina, Abel H. Mateu Gallardo, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, María Teresa Trotta y Roberto Castelli, Irene I.Bellocchio y Rolando V. Pisoni, Ricardo Alejandro Aragón Tobar, Laura Feldman, Norberto Berner, Marío A. Lemos, Tomás Quinteros, Juan Patricio Maroni, Roberto Carri y Ana María Carusso, Virginia Isabel Cazalas, Carlos Alberto Giglio y Eduardo J. Cazalas.

Es la causa en la que se investiga el llamado Plan Cóndor (nº 13.445/99), conocido como la coordinación represiva de las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

El 3 de septiembre de 2004 el juez Jorge Urso procesó a 18 ex militares, entre ellos Carlos Suárez Mason, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Santiago Omar Riveros, Jorge Olivera Rovere, Bernardo Menéndez, Hugo Pascarelli, Eugenio Perelló, Ernesto Alais, Antonio Vañek, Carlos Landoni, Juan Pablo Saa, Ramón Genaro Díaz Bessone, Héctor Flores, Carlos Tragant y Eduardo De Lío. En esta misma causa ya se encontraba procesado Jorge Rafael Videla. El 28 de septiembre de 2007, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 7, Secretaría nº 14, dispuso la clausura de instrucción y consignó la elevación a juicio.

El CELS patrocina a los familiares de Norberto Habegger, Horacio Domingo Campiglia,Mónica Susana Pinus de Binstock, Bernardo Arnone, María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni y Juan Pablo Recagno Ibarburu.

Actualmente existen 34 implicados en la causa, de los cuales 27 se encuentran procesados, y entre ellos 10 cumpliendo prisión preventiva por esta causa. El universo de detenidos, no obstante, consiste en 17 casos, pues muchos de los implicados se encuentran encarcelados por su participación en hechos relativos a otras causas que investigan crímenes del terrorismo de estado.

El CELS participa en algunas causas por hechos ocurridos en otras provincias. Así, el CELS apoyó y acompañó la presentación de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad efectuada por la representante del SERPAJ Córdoba. En esta causa se investiga lo ocurrido bajo las órdenes del III Cuerpo del Ejército. La investigación está a cargo de la Jueza Federal Cristina Garzón de Lascano.

Asimismo, interviene como querellante en la causa en la que se investiga la Masacre de Margarita Belén. Este hecho consistió en el fusilamiento de un grupo de prisioneros que se encontraban detenidos en la Alcaldía policial de Resistencia, Chaco, por personal que respondía operativamente a la VII Brigada de Infantería, a cargo de Cristino Nicolaides. Antes de la ejecución fueron brutalmente torturados. Actualmente se encuentran procesados con prisión preventiva 10 personas y otra se encuentra prófuga. Los militares detenidos integran un listado de más de 30 personas denunciadas por el CELS "entre civiles e integrantes de las fuerzas militares y de seguridad" como responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y desaparición forzada de personas; homicidio y torturas. La causa tramita en el juzgado Federal de Resistencia, Chaco, a cargo del juez Carlos Rubén Skidelsky. El CELS interviene en esta causa como querellante.

Por otra parte, desde el 2005, el CELS patrocina a las familias de Humberto Toschi, Rubén Bonet, Eduardo Cappello, Alberto Carlos del Rey, Susana Graciela Lesgart y Miguel Ángel Pólit; víctimas de la masacre de Trelew. Este hecho ocurrió en la ciudad de Trelew el 22 de agosto de 1972. Ese día las autoridades políticas del gobierno de facto ordenaron la ejecución de los prisioneros y asesinaron a 16 de ellos. La causa tramita en el juzgado Federal de la ciudad de Rawson a cargo del Juez Federal Hugo Sastre.