La fiscalía alegó y preguntó en cuanto a la pena máxima: “¿Si no es para estos crímenes uds. para quien se la guardan?”
El miércoles 16 y el jueves 17, el fiscal Félix Crous y su equipo terminaron de alegar. Fueron cuatros días de alegatos luego de siete meses de juicio. Después del relato de los hechos, el fiscal procedió al análisis detallado de las directivas, reglamentos y órdenes militares sobre la lucha contra la subversión y la división del país al respecto. Por lo tanto, dedujeron “hay elementos contundentes para establecer esa delimitación en áreas, si bien lamentablemente no cuentan con un documento que lo acredite por la destrucción premeditada de las fuerzas armadas de dichos documentos”. A continuación se refirió a las indagatorias prestadas por los imputados, sus legajos personales antes de analizar las funciones de los imputados en la lucha contra la subversión, en el marco de las áreas y sub-zona Capital Federal. A lo largo del análisis jurídico el fiscal se apoyó sobre los testimonios brindados en el juicio y destacó el rol de los imputados para garantizar la impunidad de los hechos criminales cometidos. “Eso se llama terrorismo de Estado” dijo el fiscal. Además remarcó el rol del regimiento Patricios, creado luego de la invasión franco-inglesa para defender a la Nación argentina, desviado de su meta original por el terrorismo de Estado.
Algunas frases duelen. Por ejemplo al evocar el dolor de la “ausencia permanente” que representa la desaparición forzada de un familiar, y la necesidad de conocer el paradero de la víctima, el fiscal resumió lo que pasó varias veces en este juicio con estas palabras: “una madre pide un hijo muerto”. Por lo tanto, los imputados siguen siendo torturadores al no dar la información que tienen sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. “Las víctimas son víctimas y los victimarios son victimarios … por lo tanto las víctimas deben ser reparada con una pena máxima proporcionada a la ofensa que padecieron… Son las víctimas que piden reparación” añadió el fiscal. Por todo lo expuesto, el fiscal pidió una pena de 25 años de prisión para Alespeiti, Lobaiza y Saa y prisión perpetúa para Bernardo José Menéndez y Olivera Róvere.
Alegatos de la defensa de Olivera Róvere el 29 de septiembre.
