El día de hoy dio su declaración Vera Carnovale, historiadora e investigadora del Conicet, quien ha trabajado sobre la violencia política del periodo 66-73. “La dictadura que comenzó Onganía fue un régimen particularmente represivo –dijo Vera- . Fue, además, la primera dictadura que no se planteó un plazo delimitado para permanecer en el poder”.
La historiadora señaló otros elementos característicos de ese periodo: el rol de defensa interna que se atribuyó a las fuerzas armadas, la legislación fuertemente represiva, el autoritarismo, el rechazo a la protesta social. Todo esto se condensó en una serie de sublevaciones que alcanzó como ejemplo paradigmático el Cordobazo.
“Al calor de esa protesta social surgen diversas organizaciones revolucionarias”, señaló la testigo. Como respuesta a ese fenómeno, la dictadura creo en 1971 la Cámara Federal en lo Penal, más conocida como Camarón, que fue impugnada desde el inicio por los abogados de presos políticos. “Era un tribunal ad hoc de única instancia”.
La legislación represiva viene acompañada por un uso cada vez más institucional de la tortura a presos políticos. La picana eléctrica, que ya se empleaba con cierta irregularidad contra los detenidos regulares, se fue incorporando masivamente en los interrogatorios realizados a los perseguidos políticos.
También se empezaron a producir las primeras desapariciones. Dijo la historiadora que entre 1970 y 1973 se contaron entre 10 y 12 desapariciones que, a diferencia de lo que ocurriría posteriormente en la dictadura de 1976, no eran ejecutadas premeditadamente sino que eran fruto de la tortura. Se eliminaba la evidencia de la muerte de los detenidos.
Vera considera que la Masacre de Trelew y la represión que se produjo durante los velatorios de las víctimas trajeron como primera consecuencia una fuerte indignación pública. “Luego de este acontecimiento mucha gente se incorporó a la militancia política revolucionaria”, dijo la historiadora.
A continuación dio su testimonio Horacio Ballester, quien habló sobre la doctrina de seguridad nacional que fue la base de la organización y acción militar de toda Latinoamérica a partir de la Segunda Guerra Mundial.
“La junta interamericana de defensa, con sede en Washington empieza a hacer recomendaciones que en realidad son órdenes. Nos señalaron quién es nuestro enemigo”, dijo Ballester.
En 1951, Estados Unidos dicta la Ley de ayuda mutua que le permite a ese país mediante actos bilaterales prestar armamento a las fuerzas militares de los países de América Latina. Esos préstamos implican aceptar la presencia de jefes militares estadounidenses en los cuarteles nacionales.
“A fines de los 60 se adopta la doctrina militar francesa de lucha contrainsurgente. La propia junta interamericana de defensa se recomendó su adopción”, señaló el testigo. En esa doctrina, la definición del enemigo subversivo era determinante. “A fines de la década de los 60 ya estaba todo listo: los reglamentos desarrollados, los cursos realizados. En ese momento comenzó la aplicación práctica”.
Esa aplicación práctica se materializó en torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias. El que se opusiera a ello era juzgado, tal como le ocurrió al testigo, quien fue enviado al consejo de guerra por sublevarse durante la dictadura de Lanusse.
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