{"id":69,"date":"2026-03-24T12:17:36","date_gmt":"2026-03-24T15:17:36","guid":{"rendered":"https:\/\/cels.org.ar\/mida\/?post_type=informe&#038;p=69"},"modified":"2026-03-24T12:17:36","modified_gmt":"2026-03-24T15:17:36","slug":"espana-informe-1-derechos-sexuales-y-reproductivos","status":"publish","type":"informe","link":"https:\/\/cels.org.ar\/mida\/informe\/espana-informe-1-derechos-sexuales-y-reproductivos\/","title":{"rendered":"Derechos Sexuales y Reproductivos"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Panorama general<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>El \u00e1rea de derechos sexuales y reproductivos presenta en Espa\u00f1a un saldo positivo en t\u00e9rminos de medidas del ejecutivo y decisiones del Tribunal Constitucional, contrastado con d\u00e9ficits de implementaci\u00f3n que afectan el ejercicio efectivo de esos derechos en buena parte del territorio. El gobierno de S\u00e1nchez acumul\u00f3 en el per\u00edodo avances en derechos LGBTIQ+, en la protecci\u00f3n contra la violencia de g\u00e9nero y en el blindaje del derecho al aborto. Al mismo tiempo, los incumplimientos normativos documentados por organizaciones de derechos humanos revelan que la agenda progresista del ejecutivo central encuentra resistencias en la administraci\u00f3n auton\u00f3mica y en las instituciones de salud.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Derecho al aborto y derechos LGBTIQ+<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En septiembre de 2024, el Tribunal Constitucional desestim\u00f3 los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el PP y Vox contra la reforma de la Ley del Aborto de 2023, asegurando el derecho de las menores de 16 y 17 a\u00f1os a abortar sin permiso paterno y eliminando el per\u00edodo de reflexi\u00f3n obligatorio. Esta sentencia cerr\u00f3 una batalla jur\u00eddica de varios a\u00f1os y consolid\u00f3 un marco normativo que la oposici\u00f3n de derecha buscaba revertir. En junio de 2024, el gobierno interpuso recursos de inconstitucionalidad contra las reformas de las leyes Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, cuestionando art\u00edculos que involucraban terapias de conversi\u00f3n, la patologizaci\u00f3n de menores trans y la exclusi\u00f3n de organizaciones LGBTI como partes interesadas en procedimientos penales o administrativos sancionadores. A su vez, en septiembre de 2024 entr\u00f3 en vigor el Real Decreto 1026\/2024, que dictamin\u00f3 que las empresas de m\u00e1s de 50 trabajadores deben&nbsp; contar con protocolos contra la discriminaci\u00f3n LGBTI.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Protecci\u00f3n contra la violencia de g\u00e9nero: avances normativos y brechas de implementaci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En julio de 2024, Espa\u00f1a vot\u00f3 a favor de la resoluci\u00f3n A\/HRC\/56\/L.25\/Rev.1 sobre eliminaci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n contra mujeres y ni\u00f1as en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En febrero de 2025, el gobierno renov\u00f3 el Pacto de Estado contra la violencia de g\u00e9nero con mayor presupuesto para centros de crisis de 24 horas para v\u00edctimas de violencia sexual. En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprob\u00f3 el anteproyecto de Ley Org\u00e1nica de medidas en materia de violencia vicaria \u2014la violencia ejercida sobre hijos e hijas para da\u00f1ar a la madre\u2014, tipific\u00e1ndola como delito aut\u00f3nomo con penas de seis meses a tres a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero m\u00e1s all\u00e1 del car\u00e1cter progresivo de la letra de la ley, los pronunciamientos p\u00fablicos y la adjudicaci\u00f3n presupuestaria para sostener pol\u00edticas p\u00fablicas, el acceso efectivo a derechos en ocasiones se encontr\u00f3 obstaculizado. En diciembre de 2024, un informe de Amnist\u00eda se\u00f1al\u00f3 que solo cinco comunidades aut\u00f3nomas hab\u00edan implementado el registro de objetores de conciencia para la pr\u00e1ctica de abortos \u2014un mecanismo contemplado en la reforma de 2023 que, en ausencia de ese registro, permite que la objeci\u00f3n de conciencia no declarada obstaculice en la pr\u00e1ctica el acceso al aborto en el sistema p\u00fablico. El dato contextual que acompa\u00f1a este hallazgo \u2014que la mayor\u00eda de los abortos en Espa\u00f1a se realizan en instituciones privadas\u2014 se\u00f1ala una falla estructural del sistema de salud p\u00fablico en la garant\u00eda efectiva de este derecho.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Panorama general El \u00e1rea de derechos sexuales y reproductivos presenta en Espa\u00f1a un saldo positivo en t\u00e9rminos de medidas del ejecutivo y decisiones del Tribunal Constitucional, contrastado con d\u00e9ficits de implementaci\u00f3n que afectan el ejercicio efectivo de esos derechos en buena parte del territorio. 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