Estimados amigos:
Los acontecimientos ocurridos en el regimiento de La Tablada el 23 de enero de 1989 aconsejan un análisis y una reflexión, que deseamos compartir con ustedes.
En sobre aparte estamos enviando un dossier, que contiene una relación de los hechos y diversos documentos que expresan la posición de las organizaciones de derechos humanos y en particular del Centro de Estudios Legales y Sociales.
El origen de lo ocurrido ese día sorprendió al país entero. Todos habíamos pensado, incluso el gobierno, que se trataba de una nueva rebelión de los “carapintadas”, es decir de miembros del ejército. Nada hacía suponer que se daban en la sociedad condiciones para un ataque armado proveniente de grupos civiles que se ubican a la izquierda del espectro político. La preocupación de los sectores democráticos de la opinión -entre los cuales nos contamos-, se encontraba centrada en la defensa pacífica, con medios legales, contra el avance militar, que estaba poniendo en peligro la estabilidad del sistema constitucional. De ahí la aparición de movimientos como la Iniciativa Democrática para la Resistencia Civil, promovido por personalidades de indiscutida filiación pacifista, dirigentes de partidos políticos democráticos y miembros de organizaciones de derechos humanos. Su objetivo, sintetizado en cuatro puntos que circularon profusamente, era el de organizar la defensa de la sociedad, por medios no violentos, ante la amenaza que surgía del poder castrense. El hecho que entre los firmantes del primer manifiesto aparecieran dos nombres de militantes del Movimiento Todos por la Patria, responsable del intento de ocupación del regimiento de La Tablada, no modifica esa aserción, puesto que los propósitos expresados y discutidos en las reuniones previas eran claros y terminantes respecto a la oposición a cualquier tipo de acción armada. Nos encontramos, en la medida que esas personas tuvieran conocimiento de la agresión dispuesta y realizada, ante una traición a un compromiso público y solemne.
La reacción ante los hechos
No es necesario detenerse en el relato de los hechos, conocidos a través de los medios de comunicación de masas y sintetizados en el relato que se enviará. En pocas palabras, en la mañana del lunes 23 de enero, entre las 6 y las 7, un grupo de cincuenta o sesenta personas armadas lograron penetrar en el cuartel del Regimiento de Infantería Motorizada de La Tablada y se apoderaron de la mayor parte de sus instalaciones. La irrupción fue repelida por los efectivos de la guarnición, entablándose una intensa lucha. Entre tanto, los vecinos avisaban a la policía de la provincia de Buenos Aires, que estableció un cordón alrededor del cuartel, además de atacar a los intrusos. El presidente de la Nación consideró necesario recurrir al ejército para recuperar el establecimiento y algunas unidades de éste tomaron a su cargo esa tarea, con los resultados conocidos: 28 atacantes muertos y 21 detenidos, entre ellos algunos arrestados posteriormente o que se presentaron en forma espontánea, como fray Antonio Puigjané, quien manifiesta haber desconocido las intenciones de los agresores, pese a integrar la directiva de la organización. Hubo igualmente 11 oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y de seguridad y 4 soldados conscriptos fallecidos.
Los medios de comunicación de masas, en particular la televisión, tuvieron amplio acceso a los acontecimientos y sus grabaciones constituyen valiosos elementos de prueba. La lucha se prolongó dos días y medio y gran parte de las instalaciones del cuartel fueron demolidas por los proyectiles de las fuerzas gubernativas.
El martes 24 se supo que los atacantes pertenecían al Movimiento Todos por la Patria y el miércoles 25 que entre ellos se encontraba Jorge Baños, cuyo cadáver fue identificado.
La reacción de la sociedad argentina fue de sorpresa, desaliento y rechazo, sin intento alguno de justificación. El espectro político, de la izquierda a la derecha, manifestó su repudio. Lo mismo hicieron decenas de instituciones y personalidades de la vida argentina. Las organizaciones de derechos humanos -sin excepción- expresaron públicamente su repulsa. A través de comunicados y solicitadas -que se incluyen en el dossier- manifestaron su oposición a la frustrada tentativa de alteración del orden constitucional.
Dentro de ese marco el CELS ha hecho conocer su posicón, centrada en tres ejes. El primero, la condena sin atenuantes del acto terrorista, que retrotrae al país a la atmósfera de los años 70. El segundo, la necesidad de que la investigación y los procesos se mantengan en la jurisdicción civil, dentro de las pautas legales, evitando a toda costa la represión indiscriminada que fuera característica de los años oscuros del terrorismo de Estado. Y tercero, la advertencia sobre la utilización subalterna de los hechos por parte de sectores de la sociedad que se oponen a la dignidad de la persona humana y añoran los métodos autoritarios.
Como consecuencia de ello el CELS resolvió no participar en la defensa de los implicados en el episodio de La Tablada. Esta actitud no implica desconocer la exigencia de la defensa en juicio, que constituye un derecho humano reconocido por las sociedades civilizadas, las convenciones internacionales y la constitución nacional. Los abogados que actúan como defensores lo hacen libremente en ejercicio de su misión profesional, como colaboradores de la justicia y no se identifican con la ideología ni con la conducta de sus defendidos. Esta facultad es reconocida igualmente para los abogados miembros del CELS que, a título personal, patrocinen procesados.
Dentro de este orden de ideas hemos señalado reiteradamente que nuestra condena a los atentados contra el orden constitucional no admite excepciones. De la misma manera hemos repudiado tentativas emanadas del poder militar, como las de Semana Santa de 1987, Monte Caseros y Villa Martelli de 1988, que también costaron vidas humanas, no fueron reprimidas y no han dado lugar hasta ahora a una adecuada sanción.
Desde el primer momento nos preocupamos de la salvaguardia del debido proceso. Lo hacemos como consecuencia de nuestro mandato institucional, pero también como una forma de garantizar la continuidad y estabilidad de la democracia. El respeto por los derechos humanos y civiles constituye, en este momento, un verdadero desafío para la sociedad y el Estado argentinos, sobre los cuales están fijos los ojos del mundo civilizado, que teme la recurrencia de la represión clandestina de la época de la dictadura militar.
El CELS está prestando asistencia a personas que son injustamente atacadas o amenazadas por su actuación en el campo de los derechos humanos y a quienes pudieran ser objeto de persecución sin haber tenido conocimiento ni participación en el episodio comentado.
El caso de Jorge Baños
Por su anterior relación con el Centro de Estudios Legales y Sociales y por la repercusión que ello tuvo en los primeros momentos, exige un párrafo aparte el caso de Jorge Baños.
Como ha sido explicado a través de la prensa, Jorge Baños se vinculó con el CELS hacia 1983, por su condición de afiliado del Partido Intransigente y su colaboración con la secretaría de derechos humanos de dicha colectividad política, con la cual manteníamos un frecuente intercambio. En 1984 necesitábamos un abogado de tiempo completo. Baños se ofreció para esa posición y fue designado. No integró su nónima de asociados ni su comisión directiva. Trabajó con nosotros durante dos años, hasta 1986. Lo hizo con entusiasmo, corrección y eficacia, interviniendo en casos importantes como el de los uruguayos asesinados o desaparecidos en la Argentina, el de la Escuela de Mecánica de la Armada y el del homicidio de monseñor Enrique Angelelli. En todo momento se manifestó identificado con los ideales y objetivos de la institución.
En 1986 Baños nos hizo saber que había renunciado a su afiliación al Partido Intransigente, molesto -según decía- por sus luchas internas. Simultáneamente se retiró del CELS, por su propia decisión, para dedicarse a la promoción de una nueva agrupación política. A partir de ese momento dejó de tener contacto con nosotros. Sólo poseíamos noticias de su actividad por los diarios o por amigos comunes. Supimos que se había trasladado a Jujuy y a Salta y que últimamente había regresado a Buenos Aires.
Esto es todo. Lo explicamos como un testimonio honesto y necesario, sin propósito exculpatorio, para dar a conocer la verdad.
Las consecuencias
El intento de copamiento de La Tablada ha constituído una dura prueba para el país, para el sistema constitucional y para los organismos de derechos humanos. Como consecuencia de ese hecho las fuerzas armadas y los sectores reaccionarios de la sociedad han avanzado notoriamente, reivindicando la utilización de medios reñidos con la ley y lanzando una campaña de delaciones y sospechas. El miedo por la caza de brujas y por la violencia indiscriminada apareció nuevamente.
Frente a ello, como antes se dijo, la respuesta de las organizaciones de derechos humanos fue clara, al oponerse al terrorismo político y al exigir el mantenimiento de las garantías constitucionales y del estado de derecho. En la misma semana del asalto a la Tablada el CELS repudió enérgicamente el atentado y el 28 de febrero dio a conocer por los diarios metropolitanos una declaración que dice así:
Ante el intento de copamiento del regimiento de la Tablada, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se dirige a la opinión pública para expresar lo siguiente:
- Reitera su repudio al cruento atentado contra el orden constitucional, que pone en peligro la consolidación de la democracia y ha costado nuevamente vidas humanas.
- En tal sentido la posición del CELS es clara y coherente. Se ha opuesto y se opone a toda tentativa terrorista, cualquiera sea su origen, civil o militar. Sólo el pleno acatamiento del sistema constitucional y de las leyes de la República garantizará la paz, la libertad, la seguridad y el progreso del país.
- Como consecuencia de lo expuesto, el CELS no intervendrá en la defensa de los implicados en el hecho referido.
Ello no implica desconocer la necesidad de la defensa en juicio, que constituye un derecho humano reconocido por las sociedades civilizadas, las convenciones internacionales y la constitución nacional. Los abogados que actúan como defensores lo hacen libremente en ejercicio de su misión profesional, como colaboradores de la justicia y no se identifican con la ideología ni con la conducta de sus defendidos. - En cumplimiento de sus objetivos institucionales, el CELS analizará atentamente las informaciones que se recojan y el desarrollo de los acontecimientos para la salvaguardia del debido proceso y la plena vigencia de los derechos humanos, interviniendo activamente, incluso mediante acciones judiciales, en caso de comprobar la existencia de violaciones. En tal sentido prestará asistencia a las personas que se sientan amenazadas o cuyos derechos sean menoscabados.
El estricto resguardo de las garantías constitucionales y legales constituye un desafío para la sociedad y el Estado argentinos. Los ojos del mundo están puesto sobre nuestro país para verificar que no se incurra nuevamente en la represión al margen de la ley, con medios que repudia la conciencia ética de la humanidad. - Tan importante como lo antedicho lo constituye la necesidad de que las autoridades realicen una exhaustiva investigación y hagan conocer sus resultados, evitando, al mismo tiempo, la difusión de informaciones confusas y no comprobadas, que a veces ponen en juego el honor de las personas. Ello limitará igualmente los intentos de utilización de lo ocurrido con finalidades sectarias o subalternas.
- Nadie ignora que este episodio ha desatado una campaña de sospechas, delación y persecución, movilizada por sectores de la sociedad que menosprecian la dignidad de la persona humana, se oponen a la convivencia democrática y propician la restauración del autoritarismo. A ello se suma el miedo que, lógicamente, invade a muchos ciudadanos, al resucitar en sus mentes fantasmas de un pasado reciente. No hay que sentirse doblegados por tales insidias ni debilitar la defensa de la causa de los derechos humanos, que constituyen la esencia de la democracia.
- Finalmente, cabe señalar que sólo será posible erradicar la violencia si todos los habitantes de la Nación, con o sin uniforme, nos sometemos a la constitución y las leyes.
El avance y, en alguna medida, la reivindicación militar, que se traduce en expresiones laudatorias y homenajes de todo tipo, significa un dato de la realidad. Lo mismo cabe decir del clima de sospecha que se pretende difundir con respecto a las organizaciones de derechos humanos. Frente a ambos hechos hay que desenvolverse con serenidad y con firmeza, sin ningún retroceso en el sostenimiento de los ideales, valores y principios que nos impulsan. Es imprescindible igualmente trabajar para el fortalecimiento del poder constitucional frente al partido castrense y operar sobre la sociedad en una tarea educativa destinada a suprimir los resabios de autoritarismo, cuya sobrevivencia se ha puesto de manifiesto con los episodios comentados.
El estado de derecho
Existen serias denuncias sobre violaciones a derechos humanos básicos ocurridas durante la lucha en La Tablada. Si se tienen en cuenta los antecedentes de las unidades militares participantes, algunos testimonios y numerosos indicios, esas transgresiones surgen como posibles. Es obligación del poder judicial el investigarlas. Eso está ocurriendo, aunque resulte difícil llegar a comprobaciones. El CELS se encuentra interesado en que esos hechos se aclaren y está colaborando en ese sentido.
Existen puntos oscuros cuyo esclarecimiento es importante para la salud política de la Nación. Entre ellos la inexistencia de heridos (con dos excepciones) entre los atacantes, lo que hace pensar que fueron ultimados. Acerca de esto se conservan tomas de video y fotografías comprometedoras. La presencia de cadáveres calcinados, algunos de ellos sin identificar, confirmarían la acusación de que se utilizaron bombas de fósforo blanco durante la represión. Miembros del MTP que habrían intervenido en el asalto no aparecen entre los muertos identificados. Los sobrevivientes sostienen que algunos de sus compañeros habrían sido apresados vivos y posteriormente ejecutados.
De cualquier manera las garantías básicas del estado de derecho funcionan razonablemente. La instrucción del proceso está a cargo de la justicia federal; los detenidos se encuentran bajo su jurisdicción y gozan del derecho de defensa. Algunos abusos cometidos contra ellos, como la utilización de capuchas y torturas, que tuvieron lugar en los primeros momentos, han sido corregidos, con intervención del secretario de Justicia, Enrique Paixao y del Procurador General de la Nación, Andrés D’Alessio. El poder judicial recibe las denuncias que se le acercan y en un caso, por lo menos, obtuvimos rectificaciones. Con pocas excepciones -que están siendo investigadas- los allanamientos se realizaron de acuerdo con las normas procesales. Tampoco hay indicaciones que se realicen detenciones de personas ajenas a los hechos incriminados ni existe evidencia de persecución judicial por razones ideológicas o políticas. No se requiere, por lo tanto, la intervención de las organizaciones internacionales de derechos humanos, cuya participación sólo se justifica cuando los órganos del Estado no protegen a lo habitantes.
Las autoridades constitucionales, comenzando por el Presidente de la Nación, tienen, sin duda, clara conciencia de la necesidad de salvaguardar el debido proceso y han actuado con eficacia en esa dirección. Al mismo tiempo comprenden que se hace necesario poner de manifiesto la eficacia del poder judicial para la investigación de los hechos y el procesamiento y sanción de los responsables en breve tiempo, a fin de frenar las presiones, particularmente de origen castrense, de quienes propician métodos ilegales. La creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), con representación de las tres armas, si bien discutible, se la puede comprender dentro del cuadro que debió enfrentar el presidente Alfonsín. Se espera ahora el envío al Congreso de un proyecto de legislación antisubversiva.
Un punto en discusión en el escenario político es la participación de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas en los problemas internos. El CELS se opone a esa intervención. Entre los dirigentes de los distintos partidos existen posiciones encontradas y a veces transaccionales, como la de la plataforma del partido Justicialista. Ha disminuido, aparentemente, la presión para la modificación de la Ley de Defensa Nacional, sancionada hace poco tiempo, que excluye la seguridad interior como hipótesis de conflicto de las fuerzas armadas. A nuestro juicio, la utilización en caso necesario, por orden del Presidente de la República, de unidades militares para restablecer el orden, no se opone a esa exclusión, que es necesario mantener para no incurrir en los parámetros de la Doctrina de la Seguridad Nacional, cuyas consecuencias sobradamente conocemos. Es esta igualmente, hasta ahora, la posición oficial.
Las interpretaciones
El intento de copamiento de La Tablada ha dado origen a numerosas interpretaciones y teorías.
Sin que nuestra posición sea definitiva, por cuanto podría modificarse por la aparición de nuevos elementos de juicio, es posible esbozar algunos criterios que surgen como lo más razonables.
El Movimiento Todos por la Patria no se creó como una organización armada. Sus fundadores intentaron formar un partido político, procurando el reconocimiento oficial. Desde el primer momento orientaron su acción como un instrumento de movilización de las bases, dentro de una línea populista, revolucionaria y pluralista. Sus dirigentes provenían de distintas vertientes partidarias y convocaron a radicales, peronista, socialistas, marxistas y cristianos en un esfuerzo común. No tenían una base ideológica marxista. Más aún, la mayoría de ellos no lo eran por formación. Su nombre suena más bien a nacionalista, incluso a fascista. Así se llamó una agrupación croata de esa orientación y Todo por la Patria es el lema de la Guardia Civil Española. Tampoco se los puede calificar como continuadores de los Montoneros o del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), aunque algunos antiguos militantes de este último hayan participado en la acción comentada.
Todo parece indicar que poco a poco predominó en la agrupación una concepción foquista y vanguardista, decepcionada de las limitaciones de la transición democrática argentina y dirigida hacia una mítica insurrección popular, que encabezarían. La conducción se hizo cada vez más centralizada y secreta, estableciendo contactos con sectores muy diversos, según las conveniencias. Ello dio lugar al alejamiento, hace poco menos de un año, de un número importante y calificado de militantes. Es inaceptable, por cierto, la acusación de complicidad de sectores de la Unión Cívica Radical o del presidente de la República, esgrimida por algunos dirigentes peronistas. Tanto Baños como Francisco Provenzano (miembro de una antigua familia radical) frecuentaban funcionarios del partido gobernante, pero se trata de una vinculación al margen de los hechos ocurridos y tan inocente como la de la iniciativa Democrática por la Resistencia Civil u otras que pudieran surgir.
Lo que resulta inexplicable es que ese progresivo aislamiento de la realidad haya podido conducir a una acción tan descabellada, sin perspectiva alguna de éxito y alejada de la posición política de todos los sectores sociedad, comenzando por los de menores recursos, que aspiran unánimemente a la paz, la seguridad y el bienestar. Como consecuencia de esta dificultad de explicación racional, surgen interpretaciones muy diversas, que no vamos a reseñar.
Es preferible atenerse a unos pocos datos ciertos. En los últimos meses los militantes del MTP se manifestaban angustiados por la certeza, que decían tener, de un golpe de Estado militar que incluía el asesinato de dos mil dirigentes sociales cuya nómina manifestaban poseer. Ante ello -agregaban- era indispensable promover la movilización y la resistencia popular. Semanas anteriores al intento de copamiento señalaban como fecha segura el 24 de enero.
Es indudable también que el MTP poseía mucha información reservada de origen militar. Algunos documentos que hicieron circular eran sin lugar a dudas auténticos. Según sabemos, en los allanamientos realizados por las autoridades judiciales se han encontrado referencias muy precisas sobre la estructura castrense, sus oficiales etc. Tanto que parece imposible que pudieran originarse en el propio movimiento, dada su escasa capacidad operativa. Dentro de otro orden de ideas, su última y publicitada denuncia pública -la presunta reunión de Carlos Menen y Lorenzo Miguel con Seineldín- no pudo ser probada y provenía, según afirmaron, de fuente castrense.
De acuerdo con referencias ciertas, la convocatoria para el copamiento de La Tablada fue explicada a los militantes que intervinieron como una acción heróica que evitaría un golpe militar y daría origen a una explosión popular que los impulsaría hacia el poder. La mayor parte de los convocados la noche anterior al asalto se enteraron en ese momento del objetivo; carecían de preparación para el combate y sólo un puñado poseían algún entrenamiento. Resulta absurdo, además, que el intento de copamiento se haya realizado con los documentos de identidad de los atacantes en sus bolsillos y sin plan alguno alternativo. Esto indicaría la existencia de una certeza irracional en el éxito o la seguridad de los datos recibidos de una fuente considerada segura, sin duda militar.
No se entiende, tampoco, cómo un ataque tan desatinado podía conducir a evitar una sublevación militar, aunque los asaltantes creyeran, como algunos sostienen, que iban a encontrar en La Tablada al estado mayor de la revuelta castrense.
Por lo expuesto es razonable suponer que la dirección del MTP fue infiltrada e inducida por el servicio de inteligencia del ejército o impulsada por agentes dobles. Lo cual no quita al hecho su carácter demencial, criminal y objetivamente opuesto a los intereses de la democracia, de la vigencia de los derechos humanos y aún de la presencia de la izquierda legal.
Las armas sofisticadas que en un primer momento se dijo poseían los atacantes, nunca existieron. Las utilizadas son accesibles en el mercado nacional. Si la resistencia, aparentemente, duró tanto tiempo, se debe a una deliberada inacción militar, dirigida a poner de manifiesto la presunta peligrosidad de los subversivos. Según referencias confiables, el lunes 23 los atacantes ofrecieron rendirse, pero que esta petición no les fue aceptada. El ejército prefirió demoler las instalaciones y acabar con los ocupantes, ante la vista de las cámaras de televisión y el periodismo. Todo indica que fue posible una represión más racional y menos cruenta. Esta actitud de las fuerzas armadas es comprensible desde su óptica, ya que con ello procuraban su reivindicación -en parte obtenida- ante la sociedad.
La realidad es que el intento de copamiento obtuvo resultados opuestos a los presuntamente buscados. Incrementó la gravitación militar; puso en riesgo al sistema constitucional y dio aire a los sectores reaccionarios del país. Por eso algunos núcleos de la izquierda lo califican como una verdadera traición.
El futuro
El análisis anterior conduce a pensar que no nos encontramos ante la perspectiva de la continuación de la lucha armada. Los manifiestos publicados en Montevideo pertenecen, aparentemente, a unos pocos militantes que huyeron de las inmediaciones de La Tablada, sin capacidad operativa. Nadie sabe dónde se encuentra Enrique Gorriarán Merlo, antiguo dirigente del ERP que estaba vinculado, por cierto, al Movimiento Todos por la Patria en los últimos tiempos. Se le atribuye haberlos empujado hacia la lucha armada, de acuerdo con sus antecedentes. Su papel, como el de toda su vida, es sin embargo muy sospechoso. Las posibles conexiones internacionales del MTP no han sido comprobadas, salvo los frecuentes viajes de sus dirigentes a Nicaragua y su admiración por el modelo sandinista, que, equivocadamente, quisieron transplantar. La Argentina de Alfonsín no es la Nicaragua de los Somoza. El MTP está destruido y los militantes que no participaron en el episodio no tenían conocimiento de su preparación. Hasta ahora no hay indicios de que exista el propósito de perseguirlos como integrantes de una asociación ilícita. Si eso ocurriera nos encontraríamos ante una forma de enjuiciamiento ideológico, inaceptable en una democracia pluralista.
Debido al clima reinante, que las fuerzas armadas, la derecha y algunos medios de comunicación social estimulan, cualquier incidente policial es presentado, en el primer momento, como un rebrote subversivo. Poco a poco queda demostrado que no es así. El presunto ataque a una guarnición militar en Río Cuarto durante la semana siguiente, resultó un conflicto interno; otros asaltos y robos igualmente atribuidos a esa procedencia, han sido cometidos por delincuentes comunes.
Creemos que el sistema constitucional argentino superará esta prueba, si se atiene a los principios enunciados al comienzo. El papel de las organizaciones de derechos humanos, como el CELS, consiste en trabajar en esa dirección. Para ello es necesario mantener la serenidad, actuar con prudencia y, sobre todo, ser fieles a su origen y a su mandato histórico. No es el momento de arriar las banderas de la causa de los derechos humanos, sino de exhibirlas en toda su plenitud, con honestidad y firmeza.
Emilio F. Mignone
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