En una conferencia de prensa realizada esta tarde en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales, familiares de las víctimas de Luis Patti dieron a conocer el alcance del documento presentado por la mañana ante la justicia electoral para impugnar la candidatura del represor acusado de cometer graves violaciones contra los derechos humanos durante la dictadura militar.
El acto contó con la presencia de Juana Muñiz Barreto y Manuel Gonçalves, hijos de Diego Barreto y Gastón Gonçalves, víctimas de Patti. Los acompañaron Horacio Verbitsky, presidente del CELS, Ana Claudia Oberlin abogada de Hijos e Hijas por la identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S) y Pablo Llonto, abogado de víctimas de Campo de Mayo.
También adhirieron a la presentación y estuvieron en la conferencia de prensa representantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de ex detenidos desaparecidos, la Comisión Provincial por la Memoria de Zona Norte, Raquel Witis y los diputados Remo Carlotto, Diana Conti, Maria América González y Claudio Lozano.
Durante la conferencia de prensa, Verbitsky destacó que “esta presentación se produce a un mes de la candidatura de Patti y no porque Patti tenga una gran potencialidad electoral, sino porque es una vergüenza que las instituciones argentinas puedan abrir sus cargos a personas contra las cuales hay pruebas muy graves de participación en delitos muy serios”.
La impugnación presentada por las víctimas reafirma un planteo que el CELS ya había hecho en 1999, cuando Patti fue candidato a legislador en la lista del ex gobernador Duhalde y que fue rechazado en ese momento por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires que alegó que Patti no tenía ninguna condena en su contra. Sin embargo, este es un requisito que no establece ninguna ley. La ley electoral de la provincia de Buenos Aires no requiere que una persona haya sido condenada para que su candidatura sea rechazada.
Verbitsky remarcó que “esta presentación se realiza en un contexto diferente. En el año 2000 y en el 2005, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al analizar el caso de Argentina dijo que el Estado debía garantizar que no pudieran formar parte de las fuerzas represivas ni desempeñar cargos públicos aquellas personas que hubieran participado en violaciones graves a los derechos humanos durante la dictadura militar. Además hubo un pronunciamiento de la CSJN en el caso de Antonio Domingo Bussi que indica de manera muy clara que el camino adecuado en estos casos es la impugnación ante la justicia electoral”.
La presentación de los familiares se suma a las realizadas por parte de Luis Gerez, el diputado Miguel Bonasso y el diputado Luis Tinirielo.
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