El periodista condenado en la Argentina por criticar la actuación de un juez en el caso de la “Masacre de San Patricio”, ocurrida durante la última dictadura militar, presentó su alegato frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Kimel junto con la directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Andrea Pochak, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamaron que se modifique la legislación local para evitar que las figuras de calumnias e injurias se utilicen para limitar la libertad de expresión y silenciar las críticas contra funcionarios.
El Estado argentino –que estuvo representado por funcionarios de Cancillería y de la Secretaría de Derechos Humanos- reconoció su responsabilidad en las violaciones a la libertad de expresión sufridas por Kimel, no sólo en el plano del proceso penal, sino también a raíz de la condena a pagar una indemnización. Sin embargo, los funcionarios no se comprometieron a reformar las leyes que siguen siendo utilizadas para la persecución de los periodistas y cuya modificación es una demanda central de los peticionarios. Por esta razón las partes pidieron a la Corte que resuelva las medidas concretas que el Estado argentino tendrá que adoptar para reparar las violaciones sufridas por Kimel. El fallo del tribunal regional podría conocerse el mes próximo.
Kimel declaró esta mañana en Bogotá, Colombia, en el marco del primer caso argentino de libertad de expresión que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El alegato del periodista argentino duró más de una hora y se refirió a los daños que la condena representó para él tanto a nivel profesional como personal. Además, respondió las preguntas de los jueces sobre la masacre de los Palotinos y el rol de la Iglesia Católica durante la dictadura.
Para el CELS, el caso Kimel pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la implementación de reformas legislativas vinculadas con el derecho a la libertad de expresión, tal como ocurrió con la figura de desacato, anulada por el Congreso en 1993 luego de un acuerdo de solución amistosa firmado entre el Estado y el actual presidente del CELS, Horacio Verbitsky, ante la CIDH. El impacto de este acuerdo se extendió además al resto de los países de la región.
A pesar de la derogación del desacato, en la actualidad los delitos de calumnias e injurias dan vía libre a los tribunales argentinos para fallar con criterios discrecionales y criminalizar las críticas dirigidas a funcionarios públicos y figuras públicas. Para Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, “la despenalización de las figuras de calumnias e injurias es una medida indispensable para garantizar el libre debate de ideas sin riesgo de ser condenado penalmente y fortalecer las instituciones democráticas argentinas”.