En la audiencia participaron Rodrigo Borda y Horacio Verbitsky por el CELS; Roberto Saba por la Asociacion por los Derechos Civiles (ADC), Roberto Cipriano por la Comisión Provincial por la Memoria e Inecip; y el Ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, la Procuradora General de la provincia, Maria del Carmen Falbo, y el Defensor General de Casación bonaerense, Mario Coriolano.
Los distintos actores coincidieron en el diagnóstico respecto de la gravedad de la situación que atraviesan las personas privadas de su libertad en las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires. Destacaron además, la necesidad de fortalecer un espacio de discusión común para la construcción de soluciones y la importancia de la convocatoria realizada por la Corte.
El CELS propuso que el máximo tribunal provincial sistematice y controle el proceso de implementación del fallo en el ámbito de la justicia provincial, mediante el diseño de parámetros para un efectivo control judicial de las condiciones de detención, la promoción del uso de medidas alternativas a la prisión preventiva y la producción de pautas para el fortalecimiento de la defensa pública.
Para Horacio Verbitsky, presidente del CELS, “la audiencia es una señal auspiciosa sobre el compromiso que la Suprema Corte debe asumir en la articulación de las acciones de los jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial bonaerense”.
El CELS remarcó la persistencia del uso abusivo de la prisión preventiva y de las condiciones inhumanas de detención, aunque reconoció que a lo largo de los últimos dos años se registró una disminución de la cantidad de detenidos, fundamentalmente en comisarías. Por otro lado, también llamó la atención sobre el aumento de los niños que viven con sus madres privadas de libertad y de las mujeres embarazadas que están en prisión esperando un juicio.
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