La Legislatura tratará la reforma del Código Procesal Penal impulsada por el ejecutivo provincial, que avala el uso abusivo de la prisión preventiva. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó a los legisladores que no avancen con la sanción de un proyecto de ley violatorio de los estándares constitucionales y de protección de los derechos humanos. Además, el CELS advirtió que la reforma será ineficaz para combatir la inseguridad y agravará las condiciones de detención en las cárceles provinciales.
Frente al discurso del gobernador de Tucumán, José Alperovich, quien impulsó la aprobación de la reforma como una política destinada a combatir la inseguridad, el CELS consideró que “los reclamos de seguridad de la sociedad tucumana no se pueden satisfacer a costa de la violación de los derechos humanos de los ciudadanos”.
Por otra parte, el CELS aclaró que este tipo de medidas resultan ineficaces para enfrentar los problemas de seguridad y lentitud judicial alegados por el gobierno provincial. El aumento de las restricciones a las excarcelaciones no sólo demostró, en diferentes momentos y en distintas jurisdicciones, su fracaso como política orientada a reducir los niveles de delito, sino que vulneró los derechos de la ciudadanía y agravó las condiciones de detención, generando mayor sobrepoblación y hacinamiento.
En la provincia de Buenos Aires este tipo de reformas tuvieron graves repercusiones sobre el sistema carcelario. En la actualidad se intentan revertir esos efectos, a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en el 2005 exhortó a la provincia a tomar medidas para hacer cesar las violaciones a los derechos humanos sufridas por las personas privadas de su libertad. En su sentencia, el máximo tribunal advirtió que el Estado nacional podía recibir sanciones internacionales por las condiciones inhumanas de detención.
En una carta enviada el lunes pasado a los legisladores tucumanos, el gobernador de la provincia y el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, el CELS señaló que “la iniciativa del Poder Ejecutivo en análisis resulta violatoria de la Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos e implicaría un agravamiento de la situación de los derechos humanos en la provincia”.
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