La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), la Comisión Provincial por la Memoria , la APDH-La Plata , el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) solicitaron una audiencia al Ministro de Justicia para manifestarle su preocupación respecto de las debilidades que presentan los proyectos de reforma judicial enviados a la Legislatura y la necesidad de ampliar la agenda judicial con la participación de otros actores sociales.
Las organizaciones mencionadas consideran que las medidas anunciadas no solucionarán los problemas actuales del sistema penal bonaerense, ni impactarán sustancialmente en una mejora de la seguridad. Por el contrario, estas propuestas siguen concentrando esfuerzos y recursos exclusivamente en los casos que el sistema penal procesa actualmente y que se orientan a los sectores más vulnerables de la población. Esta tendencia se agrava con la restricción de la garantía del habeas corpus contenida en el proyecto en debate. La opción por la oralidad y la celeridad resulta correcta, sin embargo, esta medida aislada, en el contexto actual de funcionamiento del sistema penal bonaerense, solo tendrá por efecto reproducir las lógicas actuales.
Para avanzar en cambios profundos, estas organizaciones entienden que es indispensable diseñar un programa de política judicial que abarque aspectos impostergables como el fortalecimiento de la defensa pública que garantice el derecho de defensa, el control de las detenciones policiales y el respeto del debido proceso; la apertura de nuevos canales de participación en los procesos de selección de magistrados; la imposición de controles externos a jueces, fiscales y defensores; y el diseño de un plan de política criminal orientado a desarmar las redes de delitos complejos: corrupción de funcionarios públicos, trafico de estupefacientes y otras redes delictivas expandidas en la provincia.