El Centro de Estudios Legales y Sociales participó hoy de una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el caso Patitó, una demanda por daños y perjuicios contra el diario “La Nación”, impulsada desde el Cuerpo Médico Forense.
El CELS había presentado ante el máximo Tribunal un memorandum en calidad de amicus curiae para aportar sus conocimientos sobre estándares internacionales en materia de restricciones a la libertad de expresión y su especial excepcionalidad cuando las afirmaciones refieren a cuestiones de interés público o al accionar de funcionarios y figuras públicas. En su escrito, elaborado en agosto de 2007, el CELS consideró que las sanciones impuestas a “La Nación” son “manifiestamente incompatibles” con lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos y aseguró que “el diario ‘La Nación’, lejos de emitir una información despreocupada y temeraria, ha contribuido a informar a la sociedad sobre los acontecimientos y circunstancias del cuerpo médico forense y sobre el desarrollo de los procesos judiciales en la Argentina”.
Ante la convocatoria de la Corte, que inició hoy una serie de audiencias orales y públicas para debatir demandas judiciales especialmente relevantes, Damián Loreti, miembro de la Comisión Directiva del CELS, realizó una presentación oral del documento aportado a la causa. Durante la audiencia, también expusieron su posición Hernán Gullco, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y los abogados de las partes: Gregorio Badeni, por “La Nación” y María Delia Pereiro, por la querella.
Loreti indicó, invocando jurisprudencia del Sistema Interamericano, que “la protección a la libertad de expresión, en toda sociedad democrática, no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas, sino también a aquellas que son duras, perturban o descalifican”. Y agregó que cuando, como en el presente caso, se trata de expresiones referidas a asuntos de indudable interés público, y la persona afectada es un funcionario o institución pública, la capacidad de los Estados de aplicar sanciones —incluso indemnizaciones— “debe reducirse al mínimo posible para no desplazar el efecto inhibidor de la responsabilidad penal a la esfera de las responsabilidad civil”.
La intervención del CELS en el caso Patitó se enmarca en el trabajo institucional sobre temas relacionados con libertad de expresión, como la despenalización de las figuras de calumnias e injurias -o de difamación- y los límites al uso de sanciones pecuniarias.
En la actualidad, el CELS patrocina al periodista Eduardo Kimel, cuyo caso permitió llevar por primera vez ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el reclamo por la criminalización de la labor periodística. La Corte Interamericana podría solicitar la reforma de las figuras de calumnias e injurias cuando dicte sentencia, el mes próximo. Estas modificaciones resultan esenciales para garantizar el libre debate de ideas en temas de interés público y fortalecer las instituciones democráticas.