La organización internacional que nuclea entidades periodísticas y grupos defensores de la libertad de prensa, felicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el fallo dictado en mayo, en el que condenó al Estado argentino por violar el derecho a la libertad de expresión del periodista Eduardo Kimel. El Comité solicitó una modificación legislativa para evitar la criminalización de la labor periodística.
El Comité Mundial de Libertad de Prensa (WPFC) www.wpfc.org, una organización que representa a 45 grupos de libertad de prensa de todo el mundo envió la semana pasada una carta a la Corte IDH en la que celebra la decisión del tribunal en el caso Kimel vs Argentina .
“Las leyes de difamación actuales en Argentina pueden tener el mismo efecto que las infames leyes de desacato, las cuales el país eliminó en 1995. El caso del Sr. Kimel demostró que la eliminación de las leyes de desacato no imponen obstáculo alguno para que los jueces argentinos restrinjan la libertad de expresión. Unimos nuestras voces a las de su Corte y la de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos en urgir al Estado argentino a que despenalice sus leyes de difamación tan pronto como sea posible”, enfatiza la carta del WPFC.
Actualmente, sólo El Salvador y México en toda América latina y el Caribe han seguido las recomendaciones del sistema jurídico interamericano despenalizado sus leyes de difamación. Para el Comité, “ahora sólo queda esperar que Argentina obedezca la decisión de la Corte Interamericana y despenalice sus leyes de difamación, que a su vez podría tener un beneficioso efecto dominó en el resto de la región”.
En su sentencia, difundida a fines de mayo, la Corte IDH intimó al Estado a reformar la legislación sobre calumnias e injurias para evitar nuevas violaciones a la libertad de expresión. Además, el tribunal estableció que el Estado deberá indemnizar a Kimel y “realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad”, en un plazo menor a los seis meses desde la publicación de la sentencia.
El caso Kimel fue el primer caso argentino sobre un tema de libertad de expresión que obtiene sentencia por parte del máximo tribunal de justicia de la región. Kimel había sido condenado por criticar en un libro sobre la “Masacre de San Patricio” la actuación de un juez durante la última dictadura militar.