En una carta enviada ayer al ministro Aníbal Fernández, el CELS solicitó conocer las medidas tomadas para esclarecer la fuga del ex teniente coronel Corres y advirtió que otros 83 represores están alojados en unidades de las Fuerzas Armadas y de seguridad, ajenas al Servicio Penitenciario Federal.
El documento remarca que estas dependencias, en las que se encuentran un 20% de los acusados por crímenes de lesa humanidad en todo el país, “carecen tanto de la infraestructura necesaria para alojar detenidos, como del personal capacitado para oficiar de guardiacárcel”.
El CELS también pidió al Ministerio que informe los motivos por los cuales, a dos meses de promulgada la ley que creó la Unidad Especial para Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia –y que asignó un fondo de recompensas de cinco millones de pesos–, ni siquiera se reglamentó su funcionamiento.
La carta considera que la fuga de Corres “constituye otro grave episodio que se suma a la dudosa muerte por envenenamiento del prefecto Héctor Febres en dependencias de Prefectura Naval a fines de 2007 y a la desaparición forzosa del testigo Julio López en septiembre de 2006”.
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