El Estado argentino admitió hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no hubo avances en la sanción y castigo de los responsables de la muerte de Walter Bulacio, ni en la adecuación normativa necesaria para evitar que se repitan hechos de este tipo. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), pidió a la Corte una intervención activa que asegure el fin de la impunidad para este caso, y un cambio en la legislación que avala las detenciones arbitrarias. La resolución del máximo tribunal regional se conocería en noviembre.
En la audiencia realizada esta mañana en Montevideo estuvieron presentes el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y la Directora de Asuntos Internacionales de la Secretaría, Andrea Gualde. Ante los jueces de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, Manuel Ventura Robles y Margarette May Macaulay, los funcionarios reconocieron que la sentencia no está cumplida en sus aspectos fundamentales y anunciaron la creación de una instancia de consulta para la adecuación normativa a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de detenciones policiales.
El Estado se comprometió ante la Corte a conformar esta comisión de consulta en los próximos 30 días y a definir los plazos para avanzar en una reforma legal. El CELS consideró que la creación de la comisión es una señal auspiciosa, pero señaló que su trabajo deberá traducirse en reformas legales concretas para cumplir efectivamente con lo dispuesto por la Corte Interamericana sobre este punto.
Los familiares de Bulacio estuvieron representados por el CELS, Correpi y CEJIL, quienes solicitaron a la Corte una intervención más activa y le pidieron que ordene al Estado medidas concretas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia. Además, solicitaron al tribunal regional que requiera a la Corte Suprema de Justicia un informe respecto del estado de la causa judicial que investiga el caso y las irregularidades procesales que todavía impiden la sanción de los responsables. Estos pedidos también fueron avalados por los representantes de la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, presentes en la audiencia.
Los jueces de la Corte expresaron su preocupación por el incumplimiento de la sentencia y preguntaron por qué la justicia argentina, pasados 17 años del asesinato de Bulacio, todavía se niega a castigar a los responsables. El máximo tribunal regional expresará su evaluación sobre el cumplimiento de la sentencia en una resolución que se daría a conocer en noviembre.
Walter Bulacio tenía 17 años cuando murió, en abril de 1991, a causa de los golpes recibidos luego de ser detenido por la Policía en las inmediaciones del estadio Obras Sanitarias, donde había ido a ver un recital de “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”.