El próximo 8 de julio se cumple un año de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el caso “Riachuelo”, una decisión histórica que establece estándares en materia ambiental y de derechos humanos. El fallo ordenó a los gobiernos Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires sanear la Cuenca Matanza – Riachuelo y mejorar la calidad de vida y la salud de sus habitantes.
Esta cuenca hídrica es la más contaminada de Argentina y se ha convertido en una de las zonas urbanas más degradadas social y ambientalmente en el país, dañando la vida de más de 5 millones de habitantes. El agua, el suelo y el aire de la Cuenca están afectados por la constante descarga de desechos industriales, los vertidos domiciliarios y la existencia de gran cantidad de basurales a cielo abierto. La mayor parte de la población registra necesidades básicas insatisfechas y enfermedades crónicas y vive en villas o asentamientos precarios. A pesar de ello, el saneamiento de la Cuenca ha permanecido ausente durante demasiados años de las agendas estatales.
En su sentencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le asignó al CELS, junto a otras organizaciones, un papel fundamental para asegurar el cumplimiento de las medidas ordenadas y para garantizar la plena participación de las personas afectadas en la elaboración e implementación de un plan integral para el saneamiento de la Cuenca.
• Mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la Cuenca, garantizando el derecho a la salud y la vivienda – entre otros –, a través de la generación de políticas públicas basadas en principios de inclusión, participación y rendición de cuentas.
• Promover el uso de intervenciones estatales alternativas que contemplen una interacción virtuosa entre Estado y sociedad civil y sean respetuosas de los derechos humanos.