El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) celebra el envío al Congreso Nacional del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y reclama un debate parlamentario amplio y transparente, que mejore y enriquezca la propuesta oficial. El Congreso tiene la oportunidad de saldar una deuda histórica y lograr que este proceso de debate finalice con la aprobación de una normativa que reemplace a la actual ley de radiodifusión promulgada durante la última dictadura militar.
Gastón Chillier, director ejecutivo de la institución, aseguró que “el CELS viene bregando hace muchos años por la adecuación de la legislación nacional a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y desde el año 2004 forma parte de la Coalición por una Radiodifusión Democratica”. Y agregó: “Los legisladores tienen la responsabilidad institucional de debatir y sancionar una nueva ley que amplíe la diversidad de voces y el pluralismo informativo, para garantizar el ejercicio del derecho a la información y fortalecer así el debate democrático”.
La propuesta oficial implica un paso adelante para la discusión en torno a la democratización de las comunicaciones masivas. Para cumplir acabadamente con ese fin es necesario que los legisladores, al tratar este proyecto, fortalezcan la autonomía de la autoridad de aplicación de la ley y garanticen la conformación de un sistema nacional de medios públicos independientes.
Por último, el CELS considera que la aprobación de una ley que regule la comunicación audiovisual debe complementarse con otras normas imprescindibles para ampliar el horizonte de la libertad de expresión en el país y fomentar el intercambio democrático de información e ideas. El Poder Ejecutivo debería impulsar y el Congreso sancionar una ley nacional de acceso a la información pública, la despenalización de las figuras de calumnias e injurias cuando involucren cuestiones de interés público y una normativa que regule la distribución transparente y no discriminatoria de la pauta publicitaria oficial.