Este mes de septiembre se cumplen 30 años de la visita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó a la Argentina en plena dictadura militar. Se celebran también 50 años de la creación de este organismo internacional que en un contexto regional afortunadamente mejor, sigue siendo esencial para la protección de los derechos humanos en nuestros países.
En aquellos años de desapariciones y ejecuciones sistemáticas, la CIDH fue un apoyo trascendental para las víctimas, familiares y organismos de derechos humanos argentinos en su reclamo por la vigencia de los derechos fundamentales. En momentos de cerrazón política, acogió las denuncias y presionó sobre los Estados para que cesaran las violaciones.
La visita in loco a la Argentina en 1979 respaldó las denuncias que la CIDH recibió desde el año 1975 —y que se agravaron a partir del golpe del 24 de marzo de 1976—, y acreditó que el gobierno militar, en forma sistemática y planificada, ejecutaba un plan en el que el secuestro, la tortura y la desaparición de personas fueron el método privilegiado de represión. En su prólogo al informe de la CIDH difundido por el CELS en 1984, Emilio Mignone y Augusto Conte destacan que el trabajo de la CIDH mostró la dramaticidad de los hechos denunciados.
Esta visita produjo una intensa discusión pública y la mayoría de los actores políticos, institucionales y sociales debieron expedirse sobre la situación de los derechos humanos. Constituyó además, un paso fundamental en la consolidación del rechazo de la comunidad internacional a lo que sucedía en nuestro país.
Con la recuperación de las democracias en cada uno de los países de la región, las resoluciones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron decisivas en la lucha contra la impunidad, al rechazar las amnistías y otros obstáculos para el juzgamiento de los máximos responsables de los crímenes.
Desde entonces, el sistema interamericano de protección de derechos humanos ha ocupado un lugar central en la agenda política de las democracias de la región, promoviendo y acompañando reformas institucionales para prevenir futuras violaciones a los derechos fundamentales y fortalecer el Estado de Derecho en cada uno de nuestros países.
Así como hace 30 años el sistema interamericano cumplió un rol fundamental en la denuncia internacional de las violaciones sistemáticas de derechos fundamentales y el debilitamiento de las dictaduras que gobernaban la región, hoy resulta una pieza clave en la protección efectiva de los derechos humanos por parte de los estados y en el fortalecimiento de las democracias.