La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó el sobreseimiento del ex presidente Fernando De La Rúa por los cinco homicidios y 234 lesiones producidas en la represión policial de las protestas desarrolladas durante el 19 y 20 de diciembre de 2001.
La resolución de la Cámara Federal ordena profundizar la investigación para poder determinar si De la Rúa efectivamente ordenó el operativo policial que desencadenó la brutal represión de esas jornadas. Según los jueces de la Cámara Federal, de acreditarse ese supuesto, De la Rúa podría ser considerado responsable penalmente por los delitos cometidos por personal policial en diciembre de 2001.
Aún cuando el CELS considera que no resulta determinante para verificar la responsabilidad penal de De la Rúa establecer si fue él quien ordenó personalmente el operativo de represión policial, no puede dejar de señalar la trascendencia de la resolución de la Cámara Federal en tanto establece pautas generales que determinan la responsabilidad de las autoridades políticas —incluido el presidente de la Nación— por los delitos cometidos por el personal policial en el ejercicio de sus funciones, poniendo límites al poder del aparato represivo del Estado.
Asimismo, resulta destacable que, para la Cámara Federal, en estos casos de “indudable trascendencia institucional y social”, la investigación judicial deba ser exhaustiva y llevada adelante con celeridad. Y, en consecuencia, ordenó que se realicen “con urgencia” diversas medidas de pruebas, sin cuya producción, señaló, sería ilegítimo ordenar el cierre de la investigación.