Las organizaciones que desde hace años trabajamos en el monitoreo de los lugares de detención y denunciamos las violaciones a los derechos humanos, promoviendo políticas de sanción y prevención de la tortura, manifestamos nuestro más enérgico repudio a los hechos denunciados por Carlos Maidana, el integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense que fue sometido a una “bienvenida carcelaria” grabada por sus compañeros de fuerza en la unidad de Melchor Romero, provincia de Buenos Aires. Estas personas, encargadas de la seguridad de la cárcel, le impusieron aquellas vejaciones con las que están acostumbrados a castigar los cuerpos de los detenidos, las cuales remiten a la continuidad de las más perversas prácticas del terrorismo de Estado.
La repercusión de estas imágenes nos coloca frente a una triste oportunidad para hacer visible lo que se pretende silenciar: la tortura existe en Argentina y es parte de la vida en los lugares de encierro. Del mismo modo persisten las condiciones políticas, culturales y sociales que la hacen posible y tolerable, cuando se trata fundamentalmente de las “otras” víctimas, las personas detenidas. Situaciones de violencia que, en la mayoría de los casos, son rutinizadas y negadas por funcionarios políticos y por jueces, fiscales y defensores.
Estos padecimientos, descriptos en informes, presentaciones judiciales y foros públicos, forman parte de la cultura y del sistema de gobierno de las cárceles, comisarías, institutos de menores y asilos psiquiátricos del país. Las imágenes no dejan lugar para los eufemismos hipócritas. Esto es tortura. Pero no se trata sólo de hacer responsables a los que aparecen vejando entre risas y goce el cuerpo de su compañero. Es necesario dejar en claro que los hechos que tomaron difusión pública responden al patrón estructural de violación de derechos humanos que pesa sobre las personas detenidas.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha minimizado en cuanta oportunidad tuvo la importancia y magnitud de esta situación estructural de violación de derechos humanos a través de la negación sistemática y del impulso de medidas superficiales e infructuosas. El gobierno nacional también ha desdeñado la importancia del tema para la construcción de una agenda de derechos humanos que integre el pasado con el presente.
Los poderes judiciales se han desentendido históricamente de esta situación, hecho que es evidente si se analiza el altísimo índice de impunidad que muestran las denuncias. En la medida que no exista un compromiso cierto del poder judicial en involucrarse, difícilmente se podrá avanzar en cambios sustantivos.
Al mismo tiempo, desde hace varios años el Estado argentino tiene pendiente la implementación de un mecanismo nacional de prevención de la tortura, una pieza institucional clave para el control de los lugares de detención. Este mecanismo prevé la interrelación entre el Estado y las organizaciones sociales, para sumar fuerza y legitimidad a la capacidad de control y transformación de las fuerzas de seguridad y de los órganos judiciales.
Las organizaciones firmantes impulsamos la creación del mecanismo nacional y de los mecanismos locales e instamos a las autoridades federales y provinciales a que consideren seriamente las propuestas que hoy existen y asuman la responsabilidad y el compromiso ético de avanzar en una política de protección de derechos de las personas privadas de libertad.
ANDHES
APDH – Azul
APDH – La Plata
Asociación Civil La Cantora
Asociación de Defensores de Derechos Humanos – Pcia. Buenos Aires
Asociación Pensamiento Penal (APP)
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Asociación Xumec – Mendoza
Asociación Zainuco- Neuquén
Casa del Liberado – Córdoba
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)
Comisión Provincial por la Memoria – Comité contra la Tortura
Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) – Rosario
Colectivo por la Diversidad (COPADI)
Fundación Sur Argentina
Grupo de Mujeres de la Argentina
Grupo de Pasantes y Coordinadores de la Pasantía de Ejecución Penal del Colegio de Abogados de Rosario.-
INECIP
Observatorio de Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro
Secretaria de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora