El CELS celebra la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de salud mental impulsado por el diputado Leonardo Gorbacz, acompañado por distintas fuerzas políticas y organizaciones sociales. La iniciativa es el resultado de un proceso de intercambios, consensos, discusiones, errores y aprendizajes, transitado a lo largo de los últimos dos años, en el contexto del cambio de paradigma propiciado por la reciente entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Si bien creemos que el proyecto con media sanción puede ser perfectible, y para ello nos remitimos a los comentarios y aportes expuestos en el documento “Contenidos mínimos necesarios desde una perspectiva de derechos humanos para avanzar en la formulación de una Ley Nacional de Salud Mental”, apoyamos el impulso de una nueva regulación, e instamos a los senadores y senadoras nacionales a sancionar esta ley con la premura e importancia que merece.
La propuesta aprobada ayer en Diputados avanza en la adecuación de la legislación interna a los estándares internacionales de derechos humanos y cumple con una de las recomendaciones señaladas en el año 2007 en el informe “Vidas Arrasadas: la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos. Un informe sobre Derechos Humanos y Salud Mental”. Esta investigación, realizada por el CELS junto a Mental Disability Rights International (MDRI), reclamaba la sanción de una ley marco de salud mental que fijase un piso mínimo de derechos y garantías del debido proceso para todas las personas y en todo el país. Las recomendaciones de ese trabajo incluían algunos de los puntos centrales receptados en el proyecto de ley, como las revisiones judiciales periódicas de las internaciones psiquiátricas involuntarias, el derecho a contar con asistencia legal gratuita desde el inicio del procedimiento, el derecho a la integración en la comunidad, a la rehabilitación y al consentimiento informado para todo tratamiento, en pos del respeto de la voluntad de la persona usuaria de los servicios de salud mental y su reconocimiento real como sujeto de derecho.
Entre las reformas más destacables que prevé el proyecto se cuentan la creación de un órgano independiente e intersectorial de revisión de las internaciones forzosas, la fijación de reglas claras que establecen el carácter excepcional de esta medida, la prohibición de crear nuevas instituciones manicomiales y la consecuente y progresiva desinstitucionalización mediante la atención integral en hospitales generales. La iniciativa establece además la creación de dispositivos comunitarios de atención ambulatoria y reconoce de manera explícita el respeto de la voluntad de la persona en todo tratamiento de salud mental.