El Centro de Estudios Legales y Sociales participó de dos audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la causa “Horacio Verbitsky y otros sobre libertad de expresión”, y por el reclamo de los títulos de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas agrupadas en Lhaka Honhat, en el Chaco salteño.
En la causa “Verbitsky…”, que tramita junto con las de Tomás Sanz y Gabriela Acher, el CELS, con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), denunciaron al Estado argentino por violaciones a la libertad de expresión a partir de la imposición de sanciones penales y civiles a periodistas, artistas y trabajadores de medios de comunicación por expresiones referidas a cuestiones de interés público.
Los peticionarios solicitaron a la Comisión que produzca su informe de fondo y presente el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para garantizar que se concrete tanto la despenalización de las calumnias e injurias en casos de interés público, como una reforma del código civil para garantizar que no se impongan sanciones económicas que actúen como un freno a la libertad de expresión.
Horacio Verbitsky, presidente del CELS, explicó a los miembros de la Comisión presentes en la audiencia que “este caso comenzó hace 17 años con una causa por desacato. Se derogó esa figura, pero empezaron los juicios por calumnias e injurias, que cumplen la misma función”.
“El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y que cuenta con media sanción de Diputados, despenaliza las calumnias e injurias pero no incluye la reforma civil. Mientras se sigan abriendo procesos se siguen produciendo violaciones de derechos, por eso es imprescindible que se produzca el informe de fondo de la Comisión”, precisó.
Por su parte, Damián Loreti, miembro de la comisión directiva del CELS, enfatizó la importancia del caso Acher y al respecto destacó la “enorme relevancia que puede tener una resolución de la Comisión y de la Corte Interamericana sobre sátiras o parodias referidas a funcionarios y personas de reconocimiento público”.
El reclamo por los derechos de los pueblos indígenas
El caso de la comunidad Lhaka Honhat apunta a un reclamo que lleva más de 20 años por el derecho a las tierras. La demanda llegó a la CIDH en 1999 y al año siguiente comenzó un proceso de solución amistosa del que participaron tanto el Estado nacional como el provincial. Este proceso se interrumpió abruptamente por decisión unilateral en el 2005, cuando el gobierno de Salta convocó a un referéndum para poner la solución a consideración de la ciudadanía.
Andrea Pochak, directora adjunta del CELS, explicó que “no hay una sola medida del gobierno de Salta a favor de los pueblos indígenas” y reafirmó que “desde el 2005 el caso está en un proceso litigioso y actualmente se encuentra en condiciones de ser resuelto por la Comisión Interamericana”.
“La forma de resolver este caso es sencilla: hay que garantizar la propiedad de esas tierras a las comunidades con un título único y relocalizar y reparar a las familias criollas que se encuentran en esas tierras. La provincia intenta dividir a las comunidades, con títulos individuales que no garantizan el uso ancestral de la tierra”, detalló Pochak.
Francisco Pérez, un representante de la comunidad Lhaka Honhat que viajó especialmente a Washington para la audiencia, comentó la situación en Salta a pedido de los comisionados: “Estamos muy preocupados porque vivimos en el último rincón de la Argentina, donde nadie tiene título de propiedad de las tierras, pero los criollos ponen alambrados y se hacen dueños. Se dice que está prohibido, pero todos cortan maderas del monte y las venden sin control”.
“Pedimos que la Comisión dicte su informe de fondo para proteger nuestros derechos como pueblo y asegurar que nuestros gobiernos respeten y cumplan su deber hacia nosotros”, afirmó.
Finalmente, la Comisión ratificó que se encuentra trabajando en el informe de fondo, lo cual dejaría el caso en condiciones de ser elevado a la Corte Interamericana.
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Reuniones de trabajo
El próximo miércoles también tendrán lugar en la CIDH cuatro reuniones de trabajo sobre los casos Menéndez y Caride, por la protección de derechos previsionales; De la Torre, por los derechos de migrantes y AMIA.