El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifiesta su preocupación ante la designación de Claudio Bonicatto como Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. El pasado lunes 7 de diciembre la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó la candidatura de Bonicatto (ex diputado por el Frente Para la Victoria) para ocupar por primera vez el cargo creado hace más de 15 años por la Constitución Provincial, y ayer el Senado convalidó la designación.
Esta selección se realizó sin respetar los requisitos mínimos de tiempo y forma establecidos por la ley 13.834 para garantizar la transparencia y la participación de la sociedad en el proceso. A su vez diversas irregularidades impidieron en los hechos una real participación de todos los sectores involucrados y el correcto desenvolvimiento del procedimiento de observaciones. Estos presupuestos procedimentales no poseen un valor meramente ritual, sino que son concebidos con el fin de que se concrete un mínimo de discusión pública sobre las personas postuladas para ocupar un cargo de tanta relevancia.
Tal omisión resulta especialmente alarmante porque el candidato ha sido elegido exclusivamente en base a los acuerdos entre las principales fuerzas de la Legislatura, en desmedro de la evaluación de su idoneidad y capacidades necesarias para dirigir una institución que tiene como misión proteger a los habitantes de la provincia, y en especial a los sectores mas vulnerables, frente a los abusos de los poderes del Estado y de los particulares que gestionan servicios públicos.
El CELS ha monitoreado el procedimiento de elección y reelección de la titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y forma parte de la campaña “Una Defensoría del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo”, que busca generar un mecanismo transparente y participativo para la designación del/la próximo/a Defensor/a del Pueblo de la Nación.
Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, consideró que “para avanzar en el fortalecimiento de las instituciones democráticas de defensa de derechos, la clase política debe entender que la legitimidad de quienes se encuentren a cargo de esos organismo dependerá de la realización de procedimientos de designación transparentes y participativos, dirigidos a garantizar la idoneidad ética y técnica de los candidatos”. Y agregó: “El modo en que se llevó adelante la designación del Defensor del Pueblo de la provincia demandará entonces muchos esfuerzos tanto del propio designado como de la Legislatura que lo instituyó para disipar las dudas sobre su designación y cumplir así con el mandato que la Constitución provincial y la ley 13.834 le encomiendan”.