Solicitan Mauricio Macri un pronunciamiento público sobre las declaraciones de Abel Posse

El Ministro de Educación porteño, Abel Posse, consideró “un ejercicio de venganza disfrazado de justicia” al proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país.

En un día emblemático para la sociedad argentina por el inicio del juzgamiento de los crímenes cometidos en el centro clandestino ESMA, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) envió una carta al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, solicitándole un pronunciamiento público respecto de las declaraciones de su flamante Ministro de Educación, Abel Posse, vinculadas con el proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país al que consideró “un ejercicio de venganza disfrazado de justicia”. El CELS considera que Mauricio Macri debe explicarle a la sociedad si comparte o desaprueba las opiniones de su ministro y si éstas guardan relación con la política de Estado de su gobierno en esta materia.

Teniendo en cuenta la función fundamental que tiene la educación como espacio privilegiado de transmisión de valores en una sociedad, y la importancia del proceso de verdad y justicia para la consolidación de la democracia y la construcción de ciudadanía, el CELS considera que es indispensable que el jefe de gobierno aclare si las opiniones vertidas por su ministro han sido realizadas “a título personal” o si obedecen a los lineamientos políticos de su gobierno en relación con las violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar, y con el deber del Estado de investigar y juzgar a sus responsables.

En su carta, el CELS expresa que “la apertura y el avance de una gran cantidad de causas judiciales que se encuentran en trámite, marcan un punto de inflexión que debe ser sostenido con el compromiso de los gobiernos con la verdad y la justicia. Por lo demás, diversas decisiones de la Corte Suprema, del Congreso de la Nación, de distintos tribunales del país y de tribunales internacionales de derechos humanos ratifican la legitimidad del proceso de verdad y justicia en Argentina en el marco del respeto al Estado de derecho y a las garantías del debido proceso, y sostienen que se trata de un modelo que debe ser seguido por muchos otros países”.

Por último, el CELS sostiene que “la consideración de este proceso institucional —que atraviesa a todos los poderes del Estado— como un “ejercicio de venganza” implica un desprecio de los valores democráticos, que no se condice con la responsabilidad pública que se le ha conferido al Ministro Abel Posse”.

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