El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) responsabiliza a los tres poderes de la provincia de Buenos Aires por las muertes ocurridas el 14 de diciembre en la comisaría Noroeste 2ª de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, en tanto no cumplieron con su obligación de velar por la vida e integridad de quienes se encuentran privados de su libertad. Es por demás paradigmático que en esta comisaría haya funcionado durante la última dictadura un centro clandestino de detención (conocido como “Sheraton”), y que, según había denunciado el juez federal Daniel Rafecas hace algunos meses, se mantenían similares condiciones para los detenidos en la actualidad que las que padecieron los secuestrados durante el terrorismo de Estado.
Para el CELS, la muerte de al menos 4 detenidos y las graves lesiones sufridas por otros 14 y por 3 policías son consecuencias directas de la política impulsada por el Gobierno provincial, que motivó reformas legales regresivas e insiste en mantener a los detenidos por varios meses en comisarías. Esta política de encarcelamiento masivo implica un claro incumplimiento de lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su sentencia de 2005 en el caso por el habeas corpus colectivo interpuesto por el CELS, conocido como “Verbitsky”. En este fallo, la Corte declaró ilegal el alojamiento de personas en comisarías e instó a la provincia a tomar medidas alternativas, revisar el uso abusivo de la prisión preventiva y modificar la legislación que avala esa práctica. En respuesta a esa sentencia, en el año 2006, la legislatura provincial había adecuado la legislación procesal a los parámetros de la Constitución y durante la gestión de León Arslanian como ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, la cantidad de presos en comisarías bajó más de un 50%, hasta llegar a 2782 personas a fines de 2007.
Por el contrario, el actual gobierno impulsó una reforma legal similar a la que había sido cuestionada por la Corte Suprema y, ante la pasividad y condescendencia de gran parte de la justicia provincial, volvió a aumentar el número de presos en comisarías, que ascendía a 4552 en noviembre de 2009. Esta política agravó las ya de por sí peligrosas condiciones de hacinamiento que caracterizaban a las comisarías bonaerenses y que las convirtieron en sitios no adecuados para controlar las situaciones propias de ámbitos de detención. Además, produjo una concentración de recursos policiales que en lugar de dedicarse a la prevención del delito deben destinarse a la custodia de los detenidos.