En respuesta a una presentación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en noviembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación llamó a preservar “la seguridad y la integridad física” de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires y, para ello, reclamó la intervención del máximo tribunal bonaerense. De acuerdo con la resolución, fechada el 23 de febrero, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires deberá responder a la presentación del CELS que denunció el incumplimiento del fallo “Verbitsky” de 2005. En aquella sentencia, la CSJN había condenado a la provincia de Buenos Aires por el estado de sobrepoblación, violencia e insalubridad de sus cárceles y comisarías, y había establecido estándares mínimos sobre condiciones de detención y prisión preventiva.
En este nuevo pronunciamiento, la Corte exhortó al tribunal bonaerense a atender “las condiciones inhumanas de detención” señaladas por el CELS y le indicó que “considere especialmente las cuestiones atinentes a la preservación de la seguridad y de la integridad física de las personas privadas de libertad y a la prevención de incendios que pudieran tener origen en la combustión de materiales —como el poliuretano de los colchones— en elementos que han sido destinados para el servicio de los detenidos”.
La resolución cobra especial relevancia en el contexto actual, marcado por la continuidad de los alarmantes índices de prisión preventiva, situación que alcanza al 76,2% de las personas privadas de libertad en la provincia, uno de los mayores de todo el continente. A lo largo de los últimos dos años se ha registrado además un aumento alarmante de la cantidad de detenidos en cárceles y comisarías bonaerenses. En el caso de las dependencias policiales, el incremento fue de 51% desde el inicio de la actual gestión. Esta situación prolonga y agrava el colapso que atraviesa el sistema desde hace más de una década.
La decisión de la Corte Suprema también debe ser evaluada a la luz del renovado impulso que tomó en los últimos días un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo provincial con el objetivo de limitar aún más las excarcelaciones. Esta reforma, presentada como respuesta a las legítimas demandas sociales de seguridad, desconoce los fracasos de las políticas que en la misma línea se vienen implementando desde el inicio del mandato del gobernador Scioli. Al mismo tiempo, implica un nuevo incumplimiento del fallo Verbitsky, que exhortó a la provincia a modificar su legislación en materia de prisión preventiva para adecuarla a los estándares internacionales.