El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas difundió hoy sus observaciones y recomendaciones para Argentina. Hace dos semanas, en Nueva York, los expertos del Comité habían interrogado a representantes del Ejecutivo, quienes reconocieron la gravedad de la situación de las personas privadas de su libertad en el país. En el informe final, el organismo reitera su advertencia acerca del alcance de este problema. También llama la atención sobre la violencia policial, las muertes por prácticas de abortos ilegales, la lentitud en las causas por crímenes de lesa humanidad, los desalojos forzosos de comunidades indígenas, las falencias en la integración del Consejo de la Magistratura, la necesidad de adecuar la legislación penal juvenil, las violaciones de derechos sufridas por las personas con discapacidad mental y las debilidades del sistema de defensa pública, entre otros temas.
Con respecto a la situación carcelaria, la ONU exhortó al Estado argentino a “tomar medidas con celeridad para reducir el número de personas en detención preventiva y el tiempo de su detención en esta situación”. Además reiteró que esta medida sólo puede ser aplicada de modo excepcional y enfatizó que debe “ponerse fin a la práctica de mantener personas procesadas en centros policiales”.
El Comité también encomendó a Argentina resolver el problema de hacinamiento en las cárceles y definir políticas inmediatas y eficaces para poner fin a las torturas y tratos crueles en los lugares de detención. Para ello, el Comité consideró que es necesario adoptar medidas legales como “el mecanismo nacional independiente para la prevención de la tortura” y precisó que a lo largo de ese proceso se deberá coordinar acciones a nivel federal y provincial.
Los expertos de la ONU se mostraron preocupados por los casos de violencia policial, en particular aquellos en los cuales las víctimas fueron menores, y remarcaron la obligación estatal de investigar los hechos y castigar a los culpables. El documento sostiene la necesidad de modificar la legislación que otorga facultades a las policías para detener personas sin orden judicial.
Por otra parte, el informe promueve una reforma legal que “ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas”. Al mismo tiempo, recomienda al Estado profundizar la capacitación de jueces y personal de salud para asegurar la práctica de las interrupciones legales del embarazo, conforme al artículo 86 del Código Penal.
Entre los avances logrados por Argentina, el Comité hizo hincapié en la despenalización de las figuras de calumnias e injurias para todas las expresiones referidas a asuntos de interés público y rescató la adhesión de Argentina a diversos tratados internacionales de derechos humanos en los últimos años.
Haga clic aquí para leer el informe con observaciones y recomendaciones para Argentina de la CIDH
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