El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas dio a conocer su informe final sobre discriminación en Argentina y llamó la atención por las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, migrantes y afrodescendientes. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) y Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) habían elaborado un informe alternativo para poner en conocimiento del Comité las principales problemáticas que afectan a estos grupos.
El Comité llamó a poner fin a los desalojos forzosos de pueblos y comunidades indígenas y a la apropiación de tierras que pertenecen a los pueblos originarios, problemática que se replica en distintas provincias del país. Los expertos de la ONU exhortaron al Estado argentino a tomar “las medidas necesarias para frenar los desalojos y asegurar la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas” y le solicitaron que “la legislación que prohíbe los desalojos forzosos se aplique por igual en todo el territorio nacional”.
En referencia a los hechos de violencia que muchas veces son consecuencia de los reclamos territoriales, el Comité llamó la atención por la reciente muerte de un dirigente indígena en la provincia de Tucumán y por otros desalojos violentos ocurridos en la provincia de Neuquén. En esa línea, recomendó “investigar y sancionar a los responsables de muertes y heridos en los desalojos forzosos en las provincias”. En el plazo de un año, el Estado deberá presentar información al Comité sobre los avances en este sentido.
La ley nacional 26.160 pretendió frenar por cuatro años los desalojos de las comunidades originarias y su vigencia se extendió por cuatro años más. Sin embargo, el Comité reclamó que esta normativa tenga validez en todo el territorio nacional, ya que seis provincias –Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán, Chaco y Neuquén–, no han aceptado aplicarla.
El informe también requiere que se instauren “mecanismos adecuados para llevar a cabo consultas con las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales con el objetivo de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.
Entre las recomendaciones sobre este tema se incluye la situación de pobreza y marginación que sufren las comunidades indígenas, especialmente en el Chaco. Al respecto, los expertos recomendaron al Estado que tome medidas para lograr una protección efectiva contra la discriminación con respecto al empleo, la vivienda, la salud y la educación y que aporte información “sobre el impacto de los programas destinados a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales a la población indígena, así como datos estadísticos sobre los progresos realizados a este respecto”.
Si bien valoró la creación de organismos tales como el INADI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, el Comité hizo hincapié en la situación de los migrantes y llamó a “reconocer e integrar” a los afrodescendientes, que “han sido bastante invisibilizados en el país”. En este sentido encomendó al Estado que “intensifique los esfuerzos para lograr el reconocimiento de un país multiétnico” y que implemente políticas públicas destinadas a brindar mayor inclusión.