Los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires adhirieron a la declaración que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad el pasado 12 de mayo y manifestaron su voluntad de “asegurar el proceso de verdad y justicia como una política de Estado de carácter irrenunciable”.
El proyecto de declaración original había sido propuesto por el CELS con motivo del Bicentenario de la patria.