Luego de la visita al país del Comisionado Rodrigo Escobar Gil, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, quien examinó distintas cárceles y comisarías de la provincia entre el 7 y el 10 de junio pasados, la Comisión expresó su “profunda preocupación” por la situación de las personas privadas de libertad en Buenos Aires, e instó al Estado a “asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana”.
La Comisión Interamericana se pronunció hoy por primera vez luego de la visita del Comisionado Escobar Gil y se convirtió así en el tercer organismo internacional de protección de derechos humanos que a lo largo del último año advierte al Estado argentino por las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires. En marzo lo había hecho el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la semana pasada se expresó en el mismo sentido el Comité de Derechos del Niño.
En su visita a la provincia de Buenos Aires, la Comisión Interamericana, además de reunirse con representantes del Estado nacional y provincial y con integrantes de organizaciones de la sociedad civil, familiares, víctimas y ex detenidos, realizó inspecciones al Complejo Conurbano Bonaerense Norte, la Unidad 2 Sierra Chica, la Unidad 1 Lisandro Olmos, la Comisaría de Ensenada Seccional 3ra (El Dique), la Comisaría de Berisso Seccional 1era, y la Comisaría de Lomas de Zamora Seccional 6ta.
Para Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, la preocupación expresada por la Comisión Interamericana luego de su visita al país, demuestra que “la situación de las personas privadas de libertad en la provincia es de extrema gravedad y requiere una intervención estatal urgente”.
“Así como el Estado argentino cumple ante la comunidad internacional al juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, los organismos internacionales también lo obligan a ocuparse de las violaciones de derechos humanos que se cometen en el presente”, afirmó.
En el informe dado a conocer hoy, la Comisión expresó su “profunda preocupación por la información recibida, según la cual en los centros de detención se inflingen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes” y destacó que “las condiciones de alojamiento que se verificaron durante la visita resultan incompatibles con el principio de trato humano”. Al respecto, resaltó “el mal estado general de las estructuras e instalaciones físicas” y las graves deficiencias del sistema de salud. Además, la Relatoría aseguró que tomó conocimiento de casos de “golpizas frecuentes, muchas veces seguidas de duchas frías; la práctica de la ‘falanga’ o ‘pata-pata’, consistente en golpes propinados en la planta de los pies; y malos tratos mediante disparos con balas de goma; aislamiento prolongado en celdas de castigo; hacinamiento y malas condiciones materiales”. También identificó prácticas de castigo informal, como el traslado indiscriminado y sucesivo de detenidos sin orden judicial, que esconden en muchos casos tratos inhumanos, crueles y degradantes.
Por otra parte, la Comisión hizo hincapié en las condiciones inhumanas en que se encuentran las personas detenidas en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, a raíz del “déficit actual de plazas penitenciarias”, y “exhortó al Estado a adoptar las medidas necesarias para que cese la utilización de las dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de personas y, en consecuencia, dejen de funcionar como centros de detención”. Este mandato coincide con la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005 en el caso “Verbitsky”, incumplido por la provincia.
La Relatoría vinculó su diagnóstico acerca de la situación de las personas privadas de su libertad con el uso abusivo de la prisión preventiva y aseguró que los jueces recurren a esta figura “con el objeto de mostrar eficiencia y evitar los reclamos de la sociedad, los medios de comunicación y del mismo poder político”. El organismo también dejó constancia de su preocupación por “las últimas reformas procesales por las que se restringió el acceso a las medidas alternativas a la privación de la libertad” y exhortó a los legisladores a “adecuar la legislación procesal de la provincia a los estándares internacionales de derechos humanos”.
En su pronunciamiento, la Comisión también insta al Estado a dedicar “atención prioritaria y voluntad política para mejorar la situación de las personas privadas de la libertad en la Provincia de Buenos Aires”, para lo cual considera de crucial importancia fortalecer la intervención de los tres poderes del Estado provincial, así como también del Estado Nacional.
En este sentido, sostiene que es necesario “otorgar la independencia y autonomía necesaria” a la Defensa Pública, implementar el mecanismo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas y garantizar la independencia de los miembros del Poder Judicial, para que “cumplan cabalmente su función de control de la legalidad de la detención preventiva y de la ejecución de la pena, libres de cualquier tipo de ingerencia o presión”.
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