El organismo de Naciones Unidas que evalúa la aplicación de la Convención de Derechos del Niño dio a conocer su informe acerca de la situación de niños, niñas y adolescentes en Argentina. Mostró su preocupación porque muchas de las observaciones realizadas en ocasiones anteriores continúan incumplidas, advirtió regresiones y mencionó algunos avances.
El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas volvió a manifestarse sobre la necesidad de reformar el sistema de justicia penal juvenil y derogar el Decreto Ley promulgado por la última dictadura militar en 1980 (22.278 – Régimen Penal de la Minoridad). Una vez más, consideró que esta normativa no se adecua a la Convención, pues entre otras razones, avala la privación de libertad de niños por supuestos motivos de “protección”. En consecuencia, los expertos exhortaron al Estado argentino a adoptar una nueva legislación que establezca un sistema de responsabilidad penal juvenil que respete los derechos y garantías reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos.
El Comité también remarcó su preocupación por las condiciones de detención de niños, niñas y adolescentes. El informe destaca que un tercio de los lugares de privación de libertad no son especializados, es decir que en muchos casos los niños son alojados con adultos y advierte que la privación de la libertad de los menores de edad se utiliza de modo generalizado y que resulta insuficiente la implementación de medidas alternativas. El informe critica, además, las 12 sentencias de prisión perpetua a niños registradas en el país. No obstante, reconoce que desde el año 2002 no hubo más condenas de este tipo y recomienda que la nueva normativa penal juvenil prohíba su aplicación.
Otra de las situaciones que mereció la atención del organismo es la violencia institucional, las torturas y tratos crueles y degradantes que sufren niños y jóvenes, en especial en la provincia de Buenos Aires. Al respecto, el Comité advirtió al Estado por la gran cantidad de abusos denunciados en este distrito y, en especial, por la desaparición forzada de Luciano Arruga y la falta de respuestas de parte de la justicia en la investigación del caso.
También se pronunció acerca de las violaciones de derechos humanos ocurridas en instituciones de salud mental y advirtió que los niños y niñas con problemas psiquiátricos permanecen internados en estas instituciones por periodos prolongados de tiempo, incluso luego de la obtención del alta médica.
Por otro lado, si bien el Comité destacó la sanción en 2005 de la Ley de Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes (26.061), cuyos postulados son adecuados a la Convención, también hizo notar su frágil implementación. En particular, sostuvo que es dispar su aplicación en los distintos niveles de la administración, en cada una de las provincias, y que aún no se han creado las nuevas instituciones previstas por la ley, como la Defensoría de los Derechos del Niño. Además, mostró su preocupación por las dificultades y limitaciones en materia de producción y sistematización de información, que impactan directamente sobre las políticas para la infancia.
Entre los avances para la protección de niños, niñas y adolescentes en el país, el organismo de Naciones Unidas destacó el “sustancial aumento de la inversión social registrado desde 2002” y elogió la implementación de la Asignación Universal por Hijo. También celebró la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), como medida destinada a garantizar el derecho de los niños y niñas a acceder a información proveniente de fuentes diversas, y puso especial énfasis en la creación del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, prevista por esa normativa.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento internacional de las Naciones Unidas, que reconoce que todas las personas menores de 18 años tienen derecho a ser protegidos, desarrollarse y participar activamente en la sociedad, estableciendo que los niños son sujetos de derecho. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigencia en 1990, siendo el tratado de derechos humanos más ratificado por casi todos los países del mundo. En Argentina, además, tiene jerarquía constitucional desde 1994.