El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) celebra la sentencia de la Corte Suprema que dejó sin efecto la medida cautelar dispuesta por la justicia federal de Mendoza en la causa iniciada por el diputado nacional Enrique Thomas. Este fallo es una señal positiva para avanzar en la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), aprobada por el Congreso en octubre pasado.
Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, consideró que el fallo de la Corte “confirma la legitimidad del proceso de elaboración y sanción de esta ley” y destacó su valor “como un paso fundamental para que de una vez por todas comience a regir un marco legal democrático para los medios audiovisuales que fomente el pluralismo, la diversidad de voces y amplíe el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión”.
La sentencia representa un claro mensaje al Poder Judicial para que, al momento de dictar medidas que suspendan la vigencia de leyes, los jueces realicen una evaluación especialmente estricta sobre la proporcionalidad de esas decisiones en relación con los derechos afectados. Desde esta perspectiva, la Corte entendió que el diputado Thomas carecía de legitimación colectiva para representar en la justicia los intereses de todos los consumidores de medios audiovisuales del país –como él mismo invocaba– y que, por el contrario, muchos de ellos no compartían su reclamo. Similares argumentos había sostenido el CELS junto a más de 20 instituciones, entre las cuales se encontraban universidades nacionales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, en un amicus curiae presentado ante la Corte la semana pasada.
El CELS entiende que en función del contundente pronunciamiento de la Corte, la Cámara Federal de Salta debe revocar sin más demora la medida cautelar dictada en la causa impulsada por la diputada nacional Beatriz Daher. Por otra parte, una vez reestablecida la vigencia de la ley, resultará necesario instrumentar un procedimiento participativo para la redacción y discusión del texto reglamentario. En este sentido, el CELS insiste en la propuesta realizada junto con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y las universidades nacionales de Quilmes, Lanús y La Plata, el pasado 10 de febrero en una carta enviada a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La nota le solicitaba que garantizara la participación ciudadana en la elaboración y discusión del decreto reglamentario, como un modo de contribuir al fortalecimiento y consolidación del proceso de implementación de la ley.