Los integrantes del Acuerdo para una política de Seguridad Democrática (ASD) abajo firmantes repudiamos la violenta respuesta estatal producida ayer en la ciudad de Bariloche frente al reclamo por el asesinato del adolescente Diego Bonefoi a manos de un policía de la provincia de Río Negro. La represión estuvo a cargo de la Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto (BORA), un grupo especial de la fuerza de seguridad provincial. En el marco de la protesta social y la represión por el primer crimen, entre ayer y hoy murieron otros dos jóvenes y más de 12 personas resultaron heridas. Ante estos hechos, como referentes del ASD, convocamos a las autoridades provinciales y nacionales a evitar toda acción represiva por parte del Estado para recuperar la concordia social en la ciudad.
Por otra parte, los sucesos ocurridos ayer son una consecuencia directa de delegar la gestión de la seguridad en funcionarios que ya estaban comprometidos con el funcionamiento irregular de las policías y ponen de manifiesto la necesidad de replantear por completo la gestión de este tema en la provincia. El funcionamiento del BORA, un grupo que ya cuenta con graves denuncias por hechos de violencia en otras localidades de la zona como El Bolsón, tiene que ser revisado de manera urgente. La justicia deberá establecer además las sanciones que le caben, tanto a los miembros de este grupo, como a los efectivos de la policía provincial y a los responsables políticos de su accionar. Es necesario hallar a los culpables y garantizar que el asesinato de Bonefoi y las dos muertes ocurridas durante la represión no permanezcan impunes.
Al mismo tiempo, los firmantes reiteran su voluntad de comenzar a trabajar, tanto en la ciudad de Bariloche como en el resto del país, en soluciones integrales, basadas en políticas sociales y de seguridad, que apunten a la inclusión de los amplios sectores de la sociedad que se encuentran marginados y que padecen la violencia de las fuerzas policiales.
El Acuerdo para una política de Seguridad Democrática integrado por cientos de representantes del más amplio arco político y social del país, académicos y expertos en seguridad, referentes gremiales, religiosos, culturales y de los derechos humanos fue presentado el pasado 29 de diciembre en el Congreso de la Nación. El objetivo del ASD es sentar los principios básicos para la construcción de una política de Estado en materia de seguridad, que brinde soluciones a la sociedad respecto de este tema, sobre una base democrática y ajustada a criterios profesionales.
Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria.
Víctor Abramovich, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.
Carlos Arslanian, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Marcelo Saín, ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Alberto Binder, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
Enrique Font, secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia de Santa Fe.
Álvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Néstor Borri, Director de Formación, Centro Nueva Tierra.
Jorge Ceballos, Barrios de Pie.