Distintas organizaciones nacionales e internacionales —entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)— y juristas reconocidos presentaron hoy un escrito en la causa en la que se investiga el origen de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble con argumentos a favor de la legitimidad del Banco Nacional de Datos Genéticos. El dictamen sostiene que el Banco, creado en 1987, es una de las respuestas más eficaces del Estado argentino para reparar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, que incluyó la apropiación ilegal de niños de desaparecidos.
El escrito, presentado en calidad de amicus curiae, sostiene que la actuación del BNDG resulta esencial para que los familiares de aquellos niños desaparecidos puedan encontrarlos, pero también para que quienes tienen dudas sobre su identidad y presumen que pueden ser víctimas puedan conocer su origen. También permite al Estado cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad.
El amicus repasa los pronunciamientos de los organismos internacionales de protección de derechos humanos que sostuvieron que el Banco implicó un novedoso y necesario método de reparación para las gravísimas violaciones masivas de derechos humanos cometidas en Argentina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ya en 1988 que “la creación de este archivo es la culminación de una exitosa colaboración entre los científicos más avanzados en el campo de la genética y el gobierno y la justicia argentina”. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante casos similares registrados en Guatemala y El Salvador, sostuvo que los Estados demandados debían crear un sistema de registro de información genética que “permita la determinación y esclarecimiento de la filiación de los niños desaparecidos y su identificación”. También el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recientemente al evaluar la situación de derechos humanos en Argentina, destacó como positiva “la creación de la Unidad Especial de Investigación en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y del Banco nacional de datos genéticos”.
Por otra parte, el dictamen argumenta que la intervención del Banco en las diferentes causas judiciales como “perito oficial” no viola el derecho al debido proceso de las partes, pues éstas tienen la facultad de designar sus propios peritos para controlar los exámenes, y hasta pedir la reiteración de la prueba y realizar, si lo desean, un nuevo estudio en otro laboratorio, en conjunto con los profesionales del Banco. Tampoco viola el derecho de defensa en juicio la ubicación institucional del BNDG, definido por la ley 26.548 de 2009 como un organismo “autónomo y autárquico” bajo la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología—.
Desde esta perspectiva los firmantes advirtieron que cualquier decisión que los tribunales adopten en el marco de un caso específico en relación con el Banco no puede perder de vista su posible impacto sobre terceros. “Si en el marco de una investigación determinada se desconociera todo valor a las muestras genéticas de los familiares de los niños desaparecidos allí almacenadas, se establecería un precedente judicial que podría poner legalmente en grave crisis la identidad de aquellos que ya fueron ‘restituidos’ gracias al trabajo del BNDG y en función del material genético allí almacenado”, sostiene el escrito.
El dictamen presentado hoy lleva las firmas de Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS; David Baigún, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Gustavo Maurino, director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Eduardo Tavani, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA); Beinusz Szmukler y Ernesto Moreau, presidente y presidente de la Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), respectivamente; Liliana Tojo, representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Souhayr Velasen, presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); Juan Méndez, ex presidente de la CIDH, Asesor Legal sobre Prevención del Delito en la Corte Penal Internacional y Profesor de American University y Leonardo Filippini, investigador del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y en San Andrés.
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