El Consejo Deliberante de la ciudad de Bariloche adhirió mediante una ordenanza aprobada de manera unánime al “Acuerdo para una política de seguridad democrática” impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a otras organizaciones sociales, políticas y sindicales con el objetivo de fijar lineamientos básicos para el desarrollo de políticas de seguridad respetuosas de los derechos humanos.
El director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, destacó que el Acuerdo cuestiona los modelos de políticas de seguridad implementadas hasta el momento que consisten en “delegar la respuesta de seguridad ciudadana en fuerzas policiales que no han sido reformadas en democracia y que han demostrado una absoluta ineficiencia en la prevención y represión del delito”.
Por su parte, el director del Área de Litigio del CELS, Diego Morales, consideró que el hecho que el gobernador haya llegado a Bariloche después de quince días de lo ocurrido “es una muestra clara de la falta de compromiso político” y expresó que los hechos de esta gravedad “exigen una reacción política que no se está demostrando actualmente en Río Negro”.