Luego de que el acceso a la información pública recobrara protagonismo en el Congreso, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabaja en pos de la plena vigencia de este derecho en la Argentina, lanzó la campaña “Saber es un derecho, ¡Que ahora sea ley!” para involucrar a la ciudadanía en el reclamo por una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública.
La Campaña, que está abierta a adhesiones a través del sitio www.saberesunderecho.org, busca destacar la importancia del acceso a la información pública como una herramienta para poder ejercer otros derechos fundamentales (como la salud y la educación), monitorear la transparencia de la gestión pública y fomentar la participación ciudadana.
En un documento entregado a todos los senadores y diputados de la Nación, el grupo de organizaciones reclama la sanción de la demorada ley y plantea los estándares mínimos que debería cumplir para garantizar el ejercicio pleno de este derecho que, desde 1994, está reconocido en forma expresa en la Constitución Nacional.
Si bien el derecho de acceso a la información pública tiene plena vigencia en nuestro país por su recepción constitucional, una ley específica permitiría garantizar reglas claras para su ejercicio y posibilitaría que toda persona pueda reclamar ante los organismos del Estado distintos datos y documentos públicos.
La coalición de organizaciones abajo firmantes sostiene que una ley de acceso a la información pública debe establecer mecanismos claros para poder reclamar y recibir información que se encuentra en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de crear una autoridad de aplicación eficaz, fijar plazos breves para la entrega de estos datos y establecer excepciones concretas en las que sea posible restringir la información, entre otros aspectos relevantes.
La presentación de varios proyectos de ley por parte de un alto número de representantes de todo el espectro político, potenció el debate parlamentario en el Congreso Nacional. La sociedad civil celebra este avance, pero llama la atención sobre el tratamiento simultáneo que se le está otorgando en ambas cámaras y pide a senadores/as y diputados/as, que coordinen el trabajo y generen los consensos necesarios para sancionar la mejor ley posible.
Sucede que, sancionar una ley de acceso a la información es una deuda pendiente en la Argentina. Su tratamiento fue repetidamente postergado desde que a fines de 2005 perdiera estado parlamentario un proyecto que contaba con media sanción por parte de la Cámara de Diputados y que había sido elaborado con un alto grado de participación por parte de distintos actores sociales.