El Cuerpo Colegiado, órgano que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación e integran la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, la Asociación de Vecinos “La Boca”, el Centro de Estudio Legales y Sociales, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y la Fundación Greenpeace Argentina, conformado por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para fortalecer la participación ciudadana en el control de cumplimiento de su sentencia en el caso “Riachuelo”, presentó una evaluación en relación a las actividades realizadas por los gobiernos de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representadas en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Para el Cuerpo, “se registran escasos avances en el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los gobiernos de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representados por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)”.
Las conclusiones de la evaluación del Cuerpo pueden resumirse en lo siguiente:
1) La obligación de información pública está parcialmente incumplida
2) El control de la contaminación industrial es escaso e inconsistente
3) No se ha modificado la situación del polo petroquímico de Dock Sud
4) No se realizan los informes sobre el estado ambiental de la Cuenca
5) El saneamiento de basurales es limitado
6) Los indicadores para corroborar los avances del plan no existen
7) La urbanización de villas y asentamientos se encuentra parcialmente incumplida
8) Las grandes obras de infraestructura y servicios sanitarios registran avances significativos, al igual que el plan sanitario de emergencia
9) El ordenamiento ambiental del territorio no ha sido abordado adecuadamente
Sin embargo, el informe afirma: “No debe primar una sensación de frustración, sino que por el contrario las demoras de los gobiernos nos llevan a redoblar los esfuerzos y a ratificar el compromiso para lograr la recomposición ambiental de la Cuenca, la mejora en la calidad de vida de sus habitantes y la prevención del daño futuro, en coincidencia total con el fallo emitido oportunamente por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, el que debe ser cumplido en su totalidad”.
Para el Cuerpo Colegiado, “lo importante, novedoso y esperanzador en relación a la situación de la Cuenca Matanza – Riachuelo lo constituye precisamente el proceso iniciado a partir de la intervención de la Corte”, y agrega que “el mismo permitió romper la inercia a la que se encontraba adherido el destino de la misma, en donde nunca se pusieron en marcha políticas y planes tendientes a revertir o mejorar esta situación, pese a los anuncios que más de una vez se escucharon”.
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