Los familiares de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, víctimas de la represión en la ciudad de Bariloche luego del asesinato del adolescente Diego Bonnefoi a manos de la policía de Río Negro, lograron un compromiso explícito del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo para monitorear el avance de la investigación y garantizar que la justicia identifique y sancione a los culpables.
Los legisladores y los funcionarios del gobierno nacional aseguraron que tomarán medidas para establecer la responsabilidad política por los gravísimos hechos que tuvieron lugar en la ciudad rionegrina. Además, a pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Río Negro y el Equipo Patagónico de Abogados y Abogadas en Derechos Humanos y Estudios Sociales (EPADHES), el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, convocará a una sesión extraordinaria del Consejo Federal de Seguridad Interior para que la provincia rinda cuentas sobre lo sucedido y explique qué medidas prevé implementar para que no se repitan hechos de estas características.
Los familiares junto a Mario Cayún, una de las víctimas que sobrevivieron a la brutal represión, fueron recibidos esta mañana por el ministro Alak, el secretario de Seguridad, Sergio Lorusso, y la directora de asuntos jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos, Andrea Gualde. Ayer habían brindado su testimonio ante legisladores nacionales de todos los bloques convocados por las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Las presidentes de ambas comisiones, las diputadas Griselda Baldata (CC) y Victoria Donda (Libres del Sur) anunciaron que realizarán una nueva sesión conjunta en la ciudad de Bariloche el próximo 17 de agosto y que enviarán un pedido de informes al Ejecutivo provincial.
Por su parte, Alak se entrevistó con los familiares en nombre de la presidente Cristina Fernández, y se comprometió a proporcionar los recursos necesarios para facilitar el avance de la investigación. El ministro de Justicia aseguró que brindarán protección a testigos que se encuentran amenazados y no descartó la intervención de fuerzas federales como la Gendarmería Nacional.
Rubén Marigo, abogado de la familia Cárdenas, consideró que “el apoyo del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo marca un punto de inflexión para evitar que los asesinatos queden impunes, pero también para determinar la responsabilidad de los funcionarios provinciales”.
En tanto, el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, resaltó que lo sucedido en Bariloche “no debe ser tomado como un hecho aislado, sino como una muestra paradigmática de las consecuencias que puede tener delegar el problema de la seguridad en las policías”. Además, Chillier afirmó que las violaciones de derechos humanos cometidas en Río Negro pueden acarrear una nueva condena internacional para el Estado argentino.