Por: Gastón Chillier *, León Arslanian ** y Hugo Cañón ***
Los hechos de violencia ocurridos en los últimos días han vuelto visibles, una vez más, las demandas de seguridad de la población y, al mismo tiempo, desnudaron la falta de respuestas políticas frente al problema. Distintas voces se han limitado hasta el momento a replicar con una serie de lugares comunes acerca de la necesidad de restringir las excarcelaciones o aumentar las prisiones preventivas, que van de la mano de la idea de presionar a los jueces porque “son permisivos” y hace falta “ajustar las clavijas”. Estos argumentos ponen en evidencia una alarmante falta de diagnósticos sobre los fenómenos concretos que producen los hechos de violencia y una carencia absoluta de planificación en políticas públicas para abordar el problema en sus múltiples niveles. Pero lo más preocupante es que estas ideas refuerzan el paradigma que establece que la problemática de la seguridad sólo puede resolverse con la acción de la justicia penal y las policías.
Apelar a la ley, la justicia y la policía, en términos generales, sin explicar con claridad por qué se producen los hechos de violencia que estremecen a la sociedad, demuestra que las políticas de seguridad se debaten y, peor aún, se implementan a ciegas. La seguridad no es apenas un problema legal, ni mucho menos judicial o policial. La ley, la justicia y la policía son herramientas dentro de un conjunto más amplio, que dotan al Estado de instrumentos de gestión. El fetichismo de la ley no alcanza para conjurar las deficiencias existentes en la justicia y la policía. Hacen falta políticas públicas activas para abordar cuestiones concretas, con capacidad de planificación y de intervención.
¿Qué significa hoy hacer cumplir la ley? Entre otras cosas:
– Contar con jueces y fiscales con capacidad y voluntad para identificar a los verdaderos autores de los hechos de violencia y a las redes delictivas de las que forman parte.
– Tener funcionarios judiciales y policiales que trabajen sobre hipótesis fundadas en información certera y no en presunciones fantasiosas como ocurrió, por ejemplo, con el caso Pomar.
– Dilucidar por qué las investigaciones judiciales son tan largas y poco exitosas, y a qué se debe que la identificación de responsables se focalice siempre sobre personas en situación de vulnerabilidad y no avance hacia los integrantes centrales de las organizaciones delictivas.
– Desarrollar fuerzas de seguridad organizadas según modelos democráticos de gestión, que cumplan con las directivas estratégicas fijadas por los gobiernos y que cuenten con mecanismos de control interno y externo para monitorear en forma permanente su desempeño y evitar que continúen involucrándose abiertamente en la administración de los mercados de bienes ilegales.
– Establecer políticas específicas en temas tan urgentes como el control de armas en manos de la población, o los mecanismos de seguridad bancaria para evitar robos en las puertas de los bancos.
– Desplegar estrategias para desarticular los grupos que sostienen, entre otros, los mercados ilegales de autopartes, armas, drogas y trata de personas.
Por todo esto, es necesario romper de inmediato con la dinámica que lleva a discutir la política de seguridad sólo a partir de la indignación y luego de producidos los hechos. Los funcionarios de gobierno, los referentes de la oposición, los legisladores, los jueces y los fiscales no pueden hablar desde la indignación porque son responsables directos, cada uno según sus competencias, de establecer las líneas de planificación estratégica, diseño e implementación de políticas públicas para prevenir esos hechos. Esta es una responsabilidad indelegable de los poderes del Estado.
El Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) que promovemos desde diciembre de 2009 surgió con el objetivo de consolidar un espacio de debate y propuesta de políticas que aborden el tema de la inseguridad desde una perspectiva democrática, integral y que logre resultados efectivos. Estamos a pocos meses del comienzo de la campaña electoral y, desde nuestro punto de vista, es fundamental consolidar espacios que produzcan insumos serios para avanzar en materia de prevención del delito y gestión de la seguridad. Sólo así será posible iniciar un debate urgente para definir una verdadera política de Estado.
* Director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
** Ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
*** Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria.