El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) condena los hechos de violencia que tuvieron lugar en la tarde de hoy entre gremialistas de la Unión Ferroviaria y empleados de empresas contratistas del ferrocarril Roca, en el marco de los cuales se produjo el asesinato del dirigente de la FUBA de Avellaneda y militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, y otras dos personas resultaron heridas por impactos de bala: Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre.
Estos hechos demandan una reflexión sobre el significado de las luchas para democratizar la representación sindical -como ocurrió con los trabajadores del subte, los choferes de larga distancia y en este caso con los ferroviarios-, que forman parte de una transición del modelo de desprotección neoliberal hacia formas más abarcadoras de protección. Ese proceso afecta privilegios estamentales y adquiere extrema gravedad cuando la muerte se impone como forma de dirimir conflictos.
El asesinato implica una frontera que no se puede traspasar porque divide la gestión democrática de los conflictos del reino de la barbarie y la criminalidad. Este mensaje debería ser claro para los representantes gremiales de los trabajadores y, con mucha mayor razón, para las autoridades. La sola sospecha de alguna forma de involucramiento de la autoridad pública aunque más no sea por omisión, exige una respuesta pronta y eficaz del gobierno nacional, que no puede reducirse a declaraciones de ocasión por parte de funcionarios que buscan salvar su responsabilidad, sino que debe consistir en una investigación real y profunda. El Estado tiene la obligación de identificar y sancionar a los responsables y esclarecer si existió algún tipo de participación, activa o pasiva, de parte de la Policía Federal o de cualquier otra fuerza de seguridad, tal como sugieren algunos testigos presenciales.
Expresamos nuestra solidaridad con los familiares y compañeros de las víctimas y reiteramos nuestro reclamo de justicia.