El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se incorporó a la causa por la desaparición de Luciano Arruga, el joven de 17 años que fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador. El titular del Juzgado de Garantías Nº 5, Gustavo Banco, aceptó que el CELS forme parte del proceso penal junto con la familia de Luciano, representada por los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza. La decisión de aceptar a una organización como querellante ratifica el carácter emblemático de este caso en el que se investiga una de las más graves violaciones de derechos humanos, como es el delito de desaparición forzada.
En el escrito presentado ante el juez Banco, el CELS señaló que existen “elementos objetivos que vinculan la desaparición de Luciano Arruga con el accionar ilegal de agentes policiales”. La primera fiscal que actuó en la causa, Roxana Castelli, había delegado la investigación en policías integrantes de las mismas dependencias sospechadas. Los familiares de Luciano denunciaron la situación y la funcionaria fue separada del caso 40 días después. La segunda fiscal, Celia Cejas, ordenó medidas que en un primer momento derivaron en la remoción de ocho policías de sus puestos. Pero, ante la falta de avances en la investigación, los mismos efectivos fueron reincorporados en otras jurisdicciones. Ese estancamiento en la causa obstaculizó el proceso de búsqueda de Luciano y tendió un manto de impunidad sobre el accionar irregular e ilegal de la policía.
Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, aseguró que “el caso de Arruga, al igual que los de otros desaparecidos en democracia, expresa la debilidad de las instituciones para desarticular las redes de ilegalidad y violencia heredadas de la dictadura” y recordó que la comisaría 8ª de Lomas del Mirador, donde Luciano habría estado detenido, funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar con el nombre de “Sheraton”.
“Con la incorporación en esta causa, el CELS refuerza su compromiso de luchar contra la impunidad y vuelve a sumar su experiencia y su perseverancia en la búsqueda de justicia. El delito de desaparición forzada constituye una de las más aberrantes violaciones de derechos humanos, en especial en el contexto argentino, donde funcionó como práctica sistemática durante el terrorismo de Estado”, remarcó Chillier.
Por otra parte, el caso de Luciano Arruga no puede ser visto como un hecho aislado. Las denuncias se multiplican y muestran las consecuencias de las políticas destinadas a reforzar la autonomía de las policías en desmedro del control civil. Ayer la justicia de Morón ordenó la detención de siete efectivos de la seccional 6º de Merlo acusados de haber torturado y asesinado a Fabián Gorosito, un joven de 22 años empleado de un frigorífico. Un mes después del crimen de Gorosito, la Comisión Provincial por la Memoria denunció el caso de un adolescente de 17 años que había sido brutalmente torturado en la comisaría 6º de La Plata.
El Estado argentino reconoció con jerarquía constitucional la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas en 1997 y en 2006 impulsó la adopción por parte de Naciones Unidas de la Convención Internacional Contra la Desaparición Forzada. Nuestro país se convirtió en uno de los primeros que ratificaron la Convención y desde entonces promueve activamente la adhesión por parte de otros Estados. En ese contexto, la continuidad de este tipo de prácticas resulta inadmisible y ha sido denunciada por diversos organismos internacionales. El Comité de Derechos Humanos de la ONU advirtió en marzo de este año al Estado argentino por la violencia institucional que sufren niños y jóvenes, en especial en la provincia de Buenos Aires. El Comité de Derechos del Niño se sumó en junio a ese llamado de atención y denunció en su informe la desaparición de Arruga y la falta de respuestas de parte de la justicia.