El Senado aprobó anoche por unanimidad la ley de Salud Mental que garantiza el reconocimiento de la autonomía de las personas con padecimientos mentales y su capacidad para decidir sobre el tratamiento que deben recibir. Esta ley representa un gran paso adelante en la protección de los derechos humanos de un grupo que ha sido históricamente invisibilizado. La norma, basada en los estándares establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que Argentina ratificó en 2008, pone a nuestro país en un lugar destacado frente a la comunidad internacional y tiene un impacto favorable para el resto de la región.
Entre otros avances, la nueva regulación restringe la internación de personas sólo a circunstancias excepcionales; prohíbe la creación de nuevas instituciones psiquiátricas asilares; fomenta la atención en hospitales generales y servicios basados en la comunidad e incorpora las problemáticas derivadas de las adicciones en el campo de la salud mental.
Para Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, “esta ley es el resultado de un trabajo de más de dos años, a lo largo de los cuales la sociedad civil jugó un rol fundamental para tratar de sumar a todas las voces y desarrollar una legislación que garantizara el respeto por los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad psicosocial”.
“El activismo por parte de un grupo consolidado de organizaciones de derechos humanos, familiares y usuarios de servicios de salud mental fue fundamental para lograr la aprobación de la ley y lo será también a lo largo del proceso de reglamentación que ahora se inicia”, remarcó Chillier.
Entre los principales desafíos que implica la reglamentación de esta norma aparece la necesidad de fortalecer las funciones y alcances del órgano de revisión (autoridad a cargo del control externo de los tratamientos y las internaciones) y establecer parámetros de intervención para psicólogos y psiquiatras que den cuenta de las distintas perspectivas y abordajes institucionales de la salud mental.
De acuerdo con los datos producidos por el CELS en la investigación “Vidas Arrasadas”, 25.000 personas se encuentran recluidas en los asilos psiquiátricos argentinos, donde sufren todo tipo de violaciones de derechos humanos: privación de la libertad en celdas de aislamiento, abusos físicos y sexuales, falta de atención médica, condiciones insalubres de alojamiento, ausencia de rehabilitación, tratamientos inadecuados, sobrepoblación y muertes que no son investigadas. Más del 80% de estas personas son encerradas por períodos mayores a un año y muchas permanecen allí de por vida. En la mayoría de los casos se trata de “pacientes sociales”, que podrían desarrollar su vida fuera de las instituciones psiquiátricas pero no cuentan con alternativas para hacerlo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha calificado la situación de este grupo como de extrema “vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y abandono”.