Como todos los años desde la recuperación de la democracia, el CELS remitió a la Comisión de Acuerdos del Senado la información en su poder sobre los militares propuestos por el Poder Ejecutivo para ascender al grado superior en el marco del procedimiento de asensos. En esta oportunidad, en respuesta a la solicitud de la Comisión, el CELS objetó el ascenso del oficial del Ejército Alejandro Jesús Augusto Sánchez, involucrado en un alzamiento militar contra el orden constitucional durante el gobierno de Raúl Alfonsín, por entender que esta conducta es contraria a los valores democráticos que debe tener todo funcionario público, tal como un militar de alto grado.
El CELS puso en conocimiento de la Comisión de Acuerdos que otro de los militares propuestos para el ascenso, el oficial de la Fuerza Aérea Jesús Horacio Daniel Guasti, había estado involucrado en tareas de espionaje ilegal a diez periodistas de medios gráficos y a una ONG de mujeres, hace algunos años. Por estos hechos, el oficial estuvo procesado penalmente, por violar la Ley de Defensa Nacional que prohíbe taxativamente a las Fuerzas Armadas realizar tareas de inteligencia interna. Si bien se pidió a la Comisión que confirme las acusaciones, la situación procesal de Guasti y el estado de la causa, teniendo en cuenta la gravedad de las imputaciones y la posible prescripción de la causa, el CELS entiende que la evaluación para el ascenso debe exceder a la mera situación procesal penal de una persona.
Por otra parte, en sus observaciones, el CELS solicitó a la Comisión que amplíe la información respecto a algunos militares que se encontraban mencionados en sitios web asociados a actividades contrarias a la vigencia de los derechos humanos, pues estimaba necesario confirmar con mayores pruebas estos datos. Según nos informaron, el Ministerio de Defensa habría aportado documentación que permite desvincular a estos oficiales del Ejército de aquellas sospechas.
La información que el CELS releva y registra está relacionada con su misión de defensa de los derechos humanos y está compuesta por la documentación producida por las víctimas del Estado terrorista, sus familiares y los organismos de derechos humanos; por el litigio de las causas que tramitamos en instancias nacionales e internacionales; por material de los medios de comunicación, libros, etc. En este sentido, consideramos que nuestra información es complementaria a la que puedan producir los organismos estatales a partir de sus propias investigaciones basadas en documentos oficiales, testimonios, descargos de los implicados y confrontación de diversos registros.
Como lo hemos transmitido en otras ocasiones saludamos la iniciativa de solicitar información a las organizaciones de la sociedad civil, práctica que colabora con el fortalecimiento institucional. Asimismo, esperamos contribuir con todo lo que esté a nuestro alcance con las investigaciones que pudieran realizar las autoridades públicas.