El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresa su más enérgico repudio ante la represión que tuvo lugar el jueves por la noche en José León Suárez, durante la cual se produjeron los asesinatos de Mauricio Ramos, de 17 años, y Franco Raúl Almirón, de 16. Un tercer adolescente, Joaquín Romero, sufrió heridas gravísimas y se encuentra internado. Los efectivos de la Policía Bonaerense acudieron al lugar para reprimir el saqueo de un tren descarrilado y actuaron sin ningún tipo de límite en el uso de la fuerza.
Ante estos hechos, el CELS expresa su solidaridad con los familiares y compañeros de las víctimas, reitera su reclamo de justicia y exige medidas urgentes para retomar el gobierno civil de la Policía Bonaerense. La represión de José León Suárez pone de manifiesto, una vez más, la ausencia absoluta de control por parte del Ejecutivo provincial sobre la policía. La gestión del gobernador Daniel Scioli ha desmantelado los mecanismos que posibilitaban el gobierno civil de la institución. En su lugar, cedió el manejo a los propios jefes policiales y ratificó así su opción por las respuestas represivas.
La unificación de los Ministerios de Seguridad y Justicia bajo la dirección del titular de esta última cartera, Ricardo Casal, no hizo más que profundizar el proceso al reducir las capacidades institucionales del área. A eso se sumó la confirmación en el cargo del Jefe de la Policía Bonaerense, Juan Carlos Paggi, en quien Casal delegó las tareas de seguridad del Ministerio. Estas medidas redujeron al mínimo la capacidad de conducción política y fortalecieron el modelo de autonomía policial.
Las distintas formas de autogestión de las policías han demostrado su fracaso como políticas de seguridad y tuvieron como consecuencia graves violaciones de derechos humanos. A lo largo de 2010, hechos como el asesinato de tres personas en el conflicto por la ocupación del Parque Indoamericano en Villa Soldati; las cuatro ejecuciones de jóvenes por parte de la policía rionegrina; el asesinato de un indígena toba en Formosa; y el crimen de Mariano Ferreyra a manos de una patota sindical ante la inacción de la Policía Federal, marcaron la necesidad de abandonar ese modelo y buscar respuestas democráticas. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires insiste en mantener sus políticas autoritarias que sólo incrementan la violencia y provocan más muertes.