Un grupo de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y asociaciones profesionales y gremiales presentó una carta al presidente de la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Ángel Gabriel Villegas, en la que manifiesta su preocupación ante el avance del enjuiciamiento al Juez de Garantías de San Isidro, Rafael Sal Lari.
El documento firmado por representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación Pensamiento Penal, la Federación Judicial Argentina y la Asociación Judicial Bonaerense expresa que “el tenor de las denuncias evidencian que se ha querido cuestionar la aplicación de los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos por parte del magistrado, y no así el desempeño o aptitud del magistrado para ejercer el cargo”.
Rafael Sal Lari se encuentra denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires por el Intendente de San Isidro Gustavo Posse y por la ciudadana Carla Regis, debido a diversas resoluciones adoptadas en el ejercicio de su función.
Las organizaciones que firman la presentación estiman que los argumentos de los denunciantes “critican las decisiones tomadas por Sal Lari vinculadas con el control de los actos que pudieran afectar las garantías individuales de las personas sometidas al proceso penal” y que lo que se esconde bajo esas denuncias es la discusión sobre los alcances del control judicial de la coerción penal y los límites que se pretenden imponer a los jueces en el control a la actuación de la policía y de los fiscales.
Finalmente, los firmantes consideran que “esta situación resulta más grave, en tanto se advierten serias irregularidades en el trámite del procedimiento que debilitan aún más la vigencia de los principios constitucionales en materia de independencia judicial y afectan seriamente la separación de poderes en el Estado provincial”.