Un nuevo hecho de violencia policial causó en la tarde de ayer la muerte del hincha de San Lorenzo Ramón Aramayo en la entrada del estadio de Vélez Sarsfield. Este caso vuelve a poner de manifiesto la necesidad de una reforma profunda de las prácticas de la Policía Federal, que encuentra en los espectáculos deportivos un ámbito privilegiado para su accionar ilegal.
La violencia en el fútbol es un fenómeno de extrema gravedad que exige un abordaje diferenciado frente a otras problemáticas vinculadas con las políticas de seguridad. Este hecho demuestra que existe una relación directa entre la falta de control de las policías y la violencia en los estadios. La misma institución encargada de garantizar la seguridad de los espectadores es la que detiene en forma arbitraria, golpea y maltrata hasta causar la muerte de una persona.
La muerte de Aramayo demanda una respuesta diferente a la brindada frente al asesinato de Rubén Carballo, ocurrido en noviembre de 2009. Carballo, de 17 años, murió como consecuencia de la represión policial protagonizada por efectivos de la misma comisaría 44 contra los asistentes a un recital del grupo de rock “Viejas Locas” en el mismo estadio. La falta de una reacción política y judicial inmediata y la convalidación de la versión policial de aquel hecho permitieron que el caso quedara impune.
La decisión del Ministerio de Seguridad de apartar a los responsables directos de la detención de Aramayo y la separación de la Policía Federal de la instrucción de la causa son medidas positivas que habilitan una investigación imparcial, la cual deberá alcanzar a los funcionarios policiales a cargo del operativo.
Sin embargo, la respuesta no puede agotarse en la determinación de las responsabilidades judiciales y administrativas por el caso concreto. El sistema judicial debe encarar este tipo de investigaciones de manera prioritaria, asumiendo que forman parte de un patrón de violencia institucional. Al mismo tiempo, la gravedad y el carácter estructural del accionar ilegal de la Federal exige reformas enérgicas y urgentes que democraticen su funcionamiento y reduzcan su autonomía. Hasta que no se avance en una reforma profunda, esta institución seguirá siendo un engranaje esencial de la violencia.