La suspensión del juez de garantías de San Isidro Rafael Sal Lari, decidida hoy por el jurado de enjuiciamiento de magistrados bonaerense, se funda en uno solo de los hechos por los que fue acusado. Se trata del caso en el cual no se efectivizó la libertad concedida a Jorge Luis González. Ninguno de los otros hechos que se le imputaban como causales de mal desempeño y que tuvieron amplia cobertura mediática, como los casos “Regis” y “Miño”, pudieron ser sostenidos por el jurado. Esto demuestra la falta de sustento de los argumentos contra el garantismo del juez y su utilización espuria para habilitar los discursos de demagogia punitiva. A la vez, pone de manifiesto el cinismo político de los miembros del jurado que acusaron, quienes recurren al pretexto de un caso como este para avalar su previa acusación falsa, suspender al juez y avanzar con el juicio político.
En el caso “González”, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de San Isidro había revocado la prisión preventiva del imputado ordenada por Sal Lari y dispuso que se lo libere. El mismo día de la decisión de la Cámara, Sal Lari ordenó el libramiento del oficio a la comisaría donde estaba detenido, para que se disponga la libertad. La orden fue confeccionada, firmada, y despachada a la seccional por la secretaria del juzgado, responsable de que se cumplan las disposiciones del juez. Sin embargo, la acusación sostuvo que fue el Sal Lari quien incumplió la orden de la Cámara y no vigiló que se acataran sus mandatos.
El hecho fue analizado por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires (SCBA) en el expediente disciplinario que se inició contra la secretaria del juzgado de Sal Lari. La SCBA sancionó a la secretaria con 15 días de suspensión y no hizo una sola mención al juez. La procuradora general María del Carmen Falbo también sostuvo en su dictamen que el caso debía ser analizado en la vía administrativa de la SCBA y no como una causal de mal desempeño del juez. En tanto, a los policías, verdaderos responsables de no liberar a González, sólo se les tomó una declaración testimonial en la causa penal.
En octubre de 2005, treinta y tres internos murieron en el incendio de un pabellón del penal de Magdalena. Después de 6 años no hay responsables por esas muertes y ni siquiera renunció el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense. La provincia enfrenta reiteradas advertencias del Sistema Interamericano por la situación carcelaria, de la cual nunca se hizo cargo. Sin embargo, el jurado de enjuiciamiento sostiene que este caso es suficiente para remover a un juez acusado de garantista.
Este es el resultado de una campaña política y mediática que utilizó la figura del Sal Lari como chivo expiatorio al que adjudicar las deficiencias de los tres poderes del Estado para implementar una política de seguridad eficaz en la provincia. Sal Lari vuelve a ser acusado sin fundamento y la persecución de la que es objeto representa un grave riesgo para la independencia judicial.