El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) celebra el importante avance que significa para el proceso de justicia en la Argentina la condena a Luis Abelardo Patti. El ex subcomisario y ex intendente de Escobar fue condenado ayer a prisión perpetua por los secuestros, torturas y asesinatos de Gastón Gonçalves y Diego Muniz Barreto y otros delitos de lesa humanidad cometidos contra Juan Fernández, Carlos Souto, Luis y Guillermo D’Amico y Osvaldo Ariosti. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín también dictó la pena de prisión perpetua para los militares Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez y condenó a seis años al policía Juan Meneghini.
En el caso de Patti, la impunidad consagrada por las leyes de punto final y obediencia debida le permitió acceder a cargos públicos y desde allí promover prácticas y discursos antidemocráticos. Desde 1999 el CELS impugnó la posibilidad de que personas sospechadas de participación en graves violaciones a los derechos humanos ocuparan cargos públicos. Ese año, Patti, quien ya se había desempeñado como intendente de Escobar, se presentó como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y fue habilitado por la justicia electoral. Al mismo tiempo, el CELS dio a conocer la publicación “Patti: manual del buen torturador”, en la cual se documentaban los delitos que había cometido.
En 2005 se presentó a las elecciones legislativas nacionales y fue electo diputado. Sin embargo, los legisladores decidieron no aceptar su juramento y le impidieron asumir el cargo. A pesar de que en 2008 la Corte Suprema admitió el planteo de Patti acerca de la validez de la elección, el ex subcomisario ya se encontraba procesado y preso por los hechos por los que fue condenado ayer. La Cámara baja resolvió entonces su desafuero para que pudiera ser sometido a juicio. En 2009, desde el penal de Marcos Paz, intentó una nueva candidatura que fue vetada por la Cámara Nacional Electoral. El tribunal recogió los argumentos de los familiares de las víctimas y del CELS, y consideró que debía responder ante la justicia por los hechos que se le imputaban.
Las sucesivas candidaturas de Patti se apoyaron en un discurso demagógico sobre la seguridad, que promovía la mano dura y el desprecio explícito por los procedimientos legales. Por eso, esta condena no sólo representa un paso trascendente en el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad, sino que además reafirma la vigencia del Estado de derecho frente a las propuestas autoritarias.