Más de trescientos representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, funcionarios judiciales y académicos elaboraron un documento en el que rechazan el proceso de remoción iniciado contra el juez de garantías de San Isidro Rafael Sal Lari. Los firmantes manifiestan preocupación por la “utilización mediática y política del caso” y esperan que la decisión del jury de enjuiciamiento se oriente a defender y promover la independencia judicial.
“Según las manifestaciones que han circulado en los medios de prensa, se le endilga a Sal Lari ‘dejar en libertad a peligrosos delincuentes que ponen en riesgo a ciudadanos decentes’. Este discurso es discriminatorio y peligrosista”, afirma el texto al que adhieren, entre otros, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), la Asociación Pensamiento Penal (APP), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Poder Ciudadano.
El documento también lleva la firma de numerosos fiscales, jueces y defensores de todo el país y prestigiosos docentes universitarios.
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